Si un funcionario se excede con llamadas personales, será detectado por sus superiores. La Xunta incorporará en breve un sistema informático para controlar mensual y anualmente las llamadas de cada uno de sus departamentos de forma individualizada y poder detectar aumentos en el gasto telefónico y de mensajes de texto (sms) en los móviles corporativos.

La medida supone un paso más en las propuestas para atajar el gasto público y controlar también a los empleados públicos, que poco a poco empezarán a recibir una tarjeta electrónica con la que tendrán que fichar en su propio puesto, decisión que pretende controlar el absentismo. Fuentes del Gobierno gallego, sin embargo, desconocen aún si se aplicará algún tipo de sanción para quienes disparen su gasto telefónico.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer la renovación del contrato de telefonía e internet con Telefónica y R para los próximos tres años por los 34 millones, la misma tarifa que ahora, aunque introduciendo algunas modificaciones. La primera recibirá 27 millones y la segunda casi 7 por sus servicios, pero deberán destinar casi cuatro a mejorar la red: Telefónica invertirá 900.000 euros (el 21% de su facturación a la Xunta) y R, 3,5 millones (18%). "La Administración tiene que salir más barata", advirtió tras el Consello de la Xunta que aprobó el nuevo contrato.

Las compañías instalarán los programas necesarios para que cada departamento del Ejecutivo controle su facturación telefónica mensual y anual comparándolo con el consumo de otros años. "Esta medida permitirá controlar mejor la facturación", indican desde la Secretaría de Modernización e Innovación Tecnolóxica.

Las inversiones de las compañías servirán también para reducir la factura anual paliando una brecha en el sistema telefónico y realizar el traslado de equipos al centro de datos de la Administración autonómica en la Cidade de Cultura de Santiago. Las compañías integrarán en la red autonómica 140 centros –de los 3.000 con que cuenta– que estaban al margen del sistema con contratos privados y, por tanto, sin la tarifa plana para el resto de sedes: se trata de 125 centros educativos y 15 juzgados.

También se aumentará el ancho de banda de sus líneas para que pasen de 12 Mbps a 15 Mbps, como el resto de centros de la Administración.

Crearán un doble anillo de fibra óptica del centro de proceso de datos integral del Gaiás para aumentar la seguridad del corazón informático de la Administración "ante posibles incidencias". También asumirán el traslado "sin coste adicional" de todos los servicios de telecomunicaciones de San Caetano al Gaiás.

Por otro lado, Feijóo defendió la decisión del Parlamento gallego de aprobar una ley de techo de gasto, requisito que el Banco de España exige para todo el sistema, y defendió su importancia al recordar que cada punto que aumenta la deuda estatal supone el pago de 12.500 millones de euros. "Quien piense que controlar el déficit es ir contra el sistema público se equivoca. Galicia quedará salvaguardada", alegó.