13 de diciembre de 2010
13.12.2010

La Xunta obligará por ley a alquilar fincas y montes descuidados para impulsar el rural

Medio Rural podrá declarar de oficio solares abandonados para forzar su cesión al Banco de Terras

13.12.2010 | 09:03

La nueva Lei de Mobilidade de Terras dará autoridad a la Administración autonómica para declarar de oficio tierras abandonadas y obligar a los propietarios a elegir únicamente entre tres opciones: cuidar y limpiar la finca, alquilarla a un agricultor o ganadero para que le dé uso o cederla al Banco de Terras que gestiona la Xunta, para su posterior arrendamiento. Éstas son las posibilidades. No habrá más salidas, salvo que el dueño se quiera exponer al régimen de sanciones económicas que contempla la ley.
La figura de predio abandonado se podrá aplicar a cualquier parcela de suelo rústico, ya sea de uso agrario o forestal, pero también a los montes vecinales en mano común, si bien para esto último, tienen que ser declarados previamente en estado de grave abandono o degradación.
Casi treinta mil hectáreas de monte arden cada año en Galicia. Ésta es la media de la última década y la Xunta se propone rebajar la cifra. La Consellería de Medio Rural advierte de que muchas fincas forestales e incluso montes comunales están en estado de abandono y en ellas prolifera la maleza, que ayuda a alimentar el fuego.
Con esta reforma legal, la Xunta se hace con una herramienta que le servirá para dar un toque de atención a todos aquellos propietarios que mantienen sus tierras incultas. "Esta medida existe con dos fines. Por un lado, el de posibilitar que las fincas con una potencial riqueza productiva no sean desaprovechadas y puedan permitir a un agricultor o ganadero emplearlas para redimensionar su producción y ser más competitivo y, por otro lado, se pretende también que estas fincas abandonadas no supongan un riesgo para el medio ambiente –incendios u ocultación de vertederos incontrolados– ni para el paisaje", argumenta la Consellería de Medio Rural.
Decisión unilateral
Con la nueva ley, la Xunta tendrá en su mano el poder decidir qué fincas se encuentran en situación de abandono y actuar contra sus dueños. Suya es la decisión. La declaración la inicia la propia Consellería de Medio Rural y para ello basta que sus técnicos lo propongan. En un plazo de seis meses, la Administración autonómica debe tomar la decisión, si bien el propietario puede poner fin al expediente en cualquier momento, siempre y cuando limpie de maleza la parcela. Pero si la declaración llega al final, al propietario se le dan tres opciones, la cesión al Banco de Terras, la realización de agricultura de conservación o su arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico válido en favor de cualquier persona agricultora profesional o joven.
¿Qué predios pueden ser clasificados como abandonados? Pues según la nueva norma, los terrenos no sometidos a ninguna práctica de cultivo o mínimo laboreo, no cultivados ni destinados a pastoreo ni al mantenimiento de cubierta vegetal adecuada desde el punto de vista agroambiental, así como las plantaciones forestales realizadas en tierra con vocación agraria cuando la cubierta vegetal del sotobosque, de naturaleza herbácea o arbustiva, presente un estado que propicie la aparición de fuego, plagas o enfermedades que puedan perjudicar el propio predio o los colindantes. Y también lo podrán ser incluso los montes comunales, aunque para ello la Xunta debe tramitar un expediente previo, al amparo de la ley de 1989 de montes vecinales en mano común, que lo catalogue como en grave estado de degradación.
"El motivo principal de la reforma es precisamente el de flexibilizar la legislación actual, para que los propietarios con fincas ociosas vean al Banco de Terras como una oportunidad de poner en valor las mismas", destacan fuentes de la Consellería de Medio Rural.
En cuanto se concluya el expediente de declaración de finca abandonada, el propietario dispondrá de treinta días hábiles para acogerse a una de las tres opciones que le ofrecerá la ley y, en cuanto notifique su decisión, tendrá dos meses de plazo para llevarla a la práctica.
Si se entrega al Banco de Terras, la Xunta se encargará de su gestión y la podrá alquilar a agricultores que necesiten ampliar la dimensión de sus explotaciones a cambio de una renta, que se transferirá al dueño. Para dar mayor seguridad, el Gobierno gallego garantiza a los propietarios que siempre cobrarán un alquiler mínimo.

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