La Justicia gallega tiene una estructura “decimonónica”, está “excesivamente atomizada” y funciona de forma “desorganizada”. Éste es el duro diagnóstico que arroja un informe encargado por la Xunta a una comisión integrada por cuarenta magistrados, fiscales, abogados y juristas gallegos. En su análisis advierten de que el problema no es la sobrecarga de trabajo, porque no todos los juzgados están desbordados, y aclaran que para agilizar la justicia no se puede recurrir siempre a la “permanente y continuada” creación de más órganos. Lo que proponen los jueces es que se agrupen juzgados “para evitar una dispersión de medios materiales y personales” y abogan por la supresión de partidos judiciales.

En Galicia hay actualmente 45. Es, de hecho, la tercera autonomía con más partidos judiciales después de Andalucía y Cataluña. Para los ponentes del informe “Reflexións sobre a xustiza. Unha aportación desde Galicia” existe una “deficiente organización del mapa de demarcación judicial” que es necesario adaptar a la vertebración territorial de la comunidad gallega.

Su propuesta es hacer coincidir territorialmente los juzgados con las unidades administrativas de la justicia, como las sedes de las fiscalías, institutos de medicina forense o gabinetes psicosociales. Los órganos judiciales también deberían concentrarse entre sí en determinados puntos del territorio, lo que permitiría facilitar las sustituciones y la división del trabajo, para permitir “un mejor aprovechamiento de los servicios y reducir costes”.

Pero no sólo es necesario una reforma de la estructura territorial de la justicia sino también de su funcionamiento interno. Los magistrados, abogados y expertos que han redactado el documento resumen con cuatro palabras las debilidades del sistema: “lentitud, imprevisibilidad, coste e ineficacia”.

Y también apuntan las causas, que son achacables sobre todo a la desorganización y a los problemas de gestión de los propios juzgados. “Una tercera parte de la dilación en los casos se debe a actos de comunicación y suspensiones de audiencias y otra cuarta parte a problemas de gestión como una excesiva rotación e interinidad del personal”, apuntan.

Ante esta situación los jueces califican de “inaplazable” la reforma de la oficina judicial. “Los problemas más graves vienen de su actual desorganización”, revelan. Según denuncian, cada órgano de justicia está estructurado y gestionado de un modo distinto, “de acuerdo con criterios de oportunidad y, en no pocas ocasiones, de conveniencia personal de sus integrantes”.

El diagnóstico de los magistrados, encargados de redactar el informe sobre la justicia gallega, constatan una “clamorosa ausencia de controles de calidad y de protocolos internos de actuación” en cada una de las oficinas de justicia. En su opinión, debería haber mayor control sobre el trabajo que hacen los funcionarios en los juzgados “evitando trámites superfluos y tiempos muertos”.

Y a la gestión deficiente se suma que los medios tampoco son los adecuados. Los jueces y fiscales se quejan de que, aunque algunos juzgados se han informatizado en muchos se sigue utilizando el ordenador “como máquina de escribir”.

Con estos problemas de organización, el informe coordinado por la Consellería de Presidencia reconoce que “las cuantiosas inversiones del Gobierno de España y de la Xunta resultan en buena medida estériles o ineficaces” porque no se ha definido previamente “un modelo de oficina judicial homogéneo y moderno”.