X. A. Taboada / Santiago
El Consello de la Xunta aprobó ayer el proyecto de Lei de Servizos Sociais de Galicia, pero con una sustancial diferencia con respecto a como estaba previsto en el anteproyecto. Del articulado se ha retirado la obligación de que los ayuntamientos destinen el 7% de sus presupuestos a servicios sociales, lo que había motivado un encontronazo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), quedando ahora recogido este objetivo como una declaración de principios en la exposición de motivos de la norma y con la voluntad por parte de la Xunta de, a medio plazo, alcanzar un acuerdo con los ayuntamientos para que esa inversión se sitúe en torno al 7% de los presupuestos municipales.
"Ganamos claramente la batalla", fueron las palabras del presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, tras conocer la nueva redacción del proyecto. El dirigente municipalista siempre se manifestó en contra de que Vicepresidencia de la Xunta, de quien depende la ley, obligara a fijar un gasto mínimo en servicios sociales, dado que eso atacaba la autonomía municipal y además abría la puerta a que otras consellerías pudieran también imponer gastos mínimos a los ayuntamientos en sus respectivas competencias.
Desde la Fegamp se asegura que tal como queda el proyecto de ley, la inversión del 7% ya no es vinculante. Además, Carlos Fernández quiere que Quintana se retracte de sus críticas contra la Fegamp y le pida disculpas por acusarle de "ir contra la políticas sociales y sólo defender la política del cemento".
Por su parte, Vicepresidencia considera que aún estando en la exposición de motivos, el gasto del 7% sigue siendo un "compromiso legal" cuya inversión concreta deberá formularse en una negociación con los ayuntamiento dentro de un plan estratégico con carácter sexenal.
