Los votos de los grupos que apoyan al Gobierno -PSdeG y BNG- sirvieron hoy para aprobar en pleno del Parlamento el dictamen de la comisión de investigación sobre la presunta agente electoral, que exime a la Xunta de responsabilidades mientras que el PP presentó un voto particular, que fue rechazado, en el que pide ceses y dimisiones.

Tras su aprobación en comisión la semana pasada, el Parlamento cumplió hoy con el trámite final para dar por finalizada la comisión de investigación a raíz de la denuncia de María Isabel Blanco de que había actuado como agente electoral a favor del PSOE en Argentina durante la precampaña y la campaña de las elecciones municipales de 2007.

Para el portavoz del BNG en la Cámara gallega, Carlos Aymerich, es una "buena noticia" que se aprueben estas conclusiones, a pesar de que puede que a uno de los grupos que apoyan al Gobierno "le molesten", ya que evidencia que la Xunta está "a la altura de las circunstancias".

Aymerich se mostró convencido de que el Ejecutivo autonómico asumirá "responsabilidades" por los hechos demostrados en el dictamen aprobado hoy y pidió modificar la Ley electoral antes de las próximas elecciones autonómicas para terminar con la "miseria, el fraude y el clientelismo" que se produce con el voto emigrante.

El viceportavoz del PSdeG en el Parlamento, Xaquín Fernández Leiceaga, señaló que ni en la emisión del billete para el viaje realizado por María Isabel Blanco a Argentina ni en la subvención concedida por la Consellería de Trabajo se produjo irregularidad alguna y recordó que dos alcaldes del PP viajaron en precampaña al extranjero con el mismo convenio que María Isabel Blanco.

Fernández Leiceaga indicó que si el PP pide la dimisión y el cese de cargos de la Xunta debe aplicar la misma vara de medir y solicitar lo mismo para los alcaldes de su partido que viajaron al extranjero y para el ex conselleiro de Emigración, Aurelio Miras Portugal, entre otros.

Antonio Rodríguez Miranda (PPdeG) lamentó que la comisión de investigación no quisiera investigar más el "fraude de pagar con fondos públicos" agentes electorales a favor de un partido político, y pidió, en base a los hechos demostrados, a su juicio, el cese o dimisión de los responsables autonómicos de Trabajo, Presidencia y Emigración.

Rodríguez Miranda defendió un voto particular, que fue rechazado, en el que pedía que se traslade a las autoridades judiciales la documentación estudiada en la comisión de investigación para que continúe investigando.

El texto aprobado hoy establece como "hechos" que María Isabel Blanco viajó a Argentina con un billete a cargo de la Secretaría General de Emigración para ver a una hermana que estaba en Vimianzo (A Coruña), que fue contratada por una asociación que tenía una subvención de la Consellería de Trabajo para trabajar en Valdeorras (Ourense), y que, sin embargo, trabajó para otra asociación en A Coruña.

Además, la parte de hechos indica que María Isabel Blanco pasó cincuenta y tres días en Argentina, entre ellos los de precampaña y campaña electoral de las elecciones municipales de 2007, en donde coincidió y participó en actos electorales con su jefe, el representante de Unións Agrarias y candidato a la Alcaldía de Muxía en aquel momento, Félix Porto.

Ante estos hechos, PSdeG y BNG acuerdan en el dictamen en la parte de conclusiones que la concesión del billete no es el procedimiento "más adecuado" y "debe ser mejorado", y señalan que parece que hubo una "modificación sustancial" en la resolución de la concesión de ayuda a Viticultores do Castro, lo que habilita a la Xunta a continuar con el expediente informativo abierto.

Los grupos que apoyan al Gobierno establecen como recomendaciones que la Xunta regule la normativa de viajes al exterior en caso de necesidad y que se paguen con fondos del Ejecutivo gallego, que amplíe el contrato de patrocinio con la compañía Iberia a otras compañías interesadas, y que se revisen las subvenciones concedidas para programas de cooperación para comprobar que no hay variaciones sustanciales en el objeto de las mismas.

Además, estos grupos recomiendan que la Xunta modifique la legislación electoral autonómica para que los votos del exterior se contabilicen tres días después de las votaciones, en lugar de ocho, y que se modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General antes de las próximas elecciones autonómicas para que los emigrantes voten en las mismas condiciones que las personas residentes en Galicia.

Por último, socialistas y nacionalistas proponen que la Xunta limite los viajes al exterior a partir de la convocatoria de elecciones autonómicas a aquellos casos de obligado cumplimiento o extrema urgencia.