Redacción/Agencias / VIGO/MADRID
La quinta jornada de secuestro del Playa de Bakio transcurrió entre llamativos contrastes: por un lado, la tranquilidad que se pretendió transmitir desde el Gobierno español y la Xunta; por otro, el desánimo de los marineros y la desesperación de la familia ante la falta de noticias claras sobre la situación. Amadeo Álvarez, patrón del atunero secuestrado en Somalia, confirmó ayer en una llamada a su mujer, Angelines Mariño, que "la situación está mal" y que "las cosas no iban bien". Todos los tripulantes (8 gallegos, 5 vascos y 13 africanos) seguían encerrados anoche en el comedor del barco, vigilados por una docena de piratas fuertemente armados. Así que, frente al mensaje inicial lanzado por el Gobierno español de buscar una "solución rápida y feliz" parece que el caso se ha enquistado.
El comisionado especial que preside María Teresa Fernández de la Vega para resolver este conflicto atribuyó la ausencia de novedades a "la discreción" con la que se debe trabajar en estos asuntos, aunque reiteró su mensaje de que la tripulación estaba en buenas condiciones, sin añadir ninguna otro elemento que pudiese vislumbrar un final. En este sentido, reafirmó su posición de que lo esencial es "salvaguardar la integridad física y la vida de los miembros de la tripulación". El Ejecutivo rehusó, asimismo, a facilitar información sobre la posición de la fragata Méndez Núñez ni del avión de patrulla marítima P-3 Orion, enviados a la zona. Además apuntó a la gestión del embajador de España en Kenia como clave en la resolución del mismo.
El diplomático Nicolás Martín Cinto dedicó toda la jornada a mantener diferentes reuniones, entre ella un segundo encuentro con el primer ministro somalí, Nur Hassan Hussein. La clave es encontrar a un interlocutor fiable que tenga hilo directo con los secuestradores. Simultáneamente el armador debería seguir negociando el pago de un rescate, que podría rondar el millón de euros.
Información a la ONU
Dentro de la intensa labor diplomática que está manteniendo el Gobierno, la Misión ante la ONU comunicó al Consejo de Seguridad el caso del pesquero para que lo tenga en cuenta en la elaboración de medias en contra de la piratería en esa región.
El embajador español ante la organización multilateral, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, informó de las circunstancias del incidente en una carta enviada al presidente de turno del Consejo, el embajador sudafricano Dumisani Kumalo.
La misiva recalca ante Naciones Unidas la opinión del Gobierno español sobre "la necesidad de que la comunidad internacional actúe de manera conjunta y coherente, bajo la égida de Naciones Unidas, a fin de prevenir y castigar actos de esta naturaleza".
El embajador español destaca que las acciones de estos piratas "ponen en peligro la llegada y distribución de ayuda humanitaria, contribuyen a la desestabilización de la región y constituyen una amenaza para la seguridad del tráfico marítimo internacional".
