En la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Touriño reivindicó que "por primera vez" el diseño de la política energética en Galicia se programe "en clave de país" y resaltó la "dimensión económica y social" de esta actividad, "que marcará la autonomía de las economías del mundo".
Por ello, asumió la necesidad de promover medidas que "aseguren" que los beneficios producidos por la producción de energía "se extiendan al conjunto de la sociedad" y, en consecuencia, "los gallegos sean los primeros en beneficiarse". "La forma de gestionar los recursos incidirá en el medio ambiente y en la economía", corroboró.
En este sentido, uno de los objetivos es reducir la dependencia energética e impulsar las fuentes renovables, para garantizar un modelo en el que la defensa del ecosistema y el desarrollo "van de la mano". Así, prometió que la Xunta "no mantendrá una actitud pasiva" y será energética "en la defensa de los intereses del país".
DIVERSIFICACIÓN
Para lograrlo, anunció una "diversificación inteligente", que sitúe a Galicia en una "posición importante" en el impulso de las energías alternativas, en las que tiene un "campo de actuación significativo" para convertirse en una "comunidad pionera".
De igual modo, abogó por que los beneficios repercutan "de forma visible y directa en el país", a partir de un "cambio sustancial" por parte del Gobierno, en base a la "potestad de la autonomía para exigir gravámenes sobre los efectos medio ambientales por los aprovechamientos hidroeléctricos por los embalses".
Al respecto, concretó que el canon está "en fase de borrador" por parte de la Consellería de Economía y añadió que, paralelamente, el departamento de Innovación también "analiza" la participación de la comunidad en los proyectos eólicos, en los que promoverá "fórmulas más transparentes" que "aparten los intereses especulativos" y prioricen el "interés público".
CONTRASTE
Por su parte, el autor de la pregunta, el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, saludó el "claro contraste" entre la política a favor del "bien colectivo y del desarrollo del país" promovido por el bipartito y el empleo de la energía para "pagar favores" por parte del Ejecutivo del PPdeG.
Así, instó a la Xunta a "seguir en esa línea", con "complementos" como los que prevé el Gabinete de José Ramón Fernández Antonio, y la regulación de la participación pública en los nuevos proyectos eólicos en un "mínimo" de un 10 por ciento que, según él, podrían reportar 60 millones a la Hacienda gallega.
En este sentido, denunció la política anterior de "malvender" los recursos naturales y permitir "que se robase al pueblo" y abogó por un nuevo modelo que promueva una producción energética en la que el empleo de los bienes ambientales "revierta en beneficio de Galicia".
