La acusación y la defensa dejaron ayer clara la línea que seguirán en el caso de presunta corrupción urbanística que llevó a la detención de dos concejales del PP de Gondomar. El fiscal mantuvo la imputación de tres delitos de cohecho para los ya ex ediles José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, así como para el arquitecto vigués Borja Ramilo, en este último caso, como colaborador necesario. A Belén Fernández, compañera de Mosquera, sólo le imputa uno de estos delitos en calidad de cómplice. Muy distintos fueron los planteamientos hechos por los abogados defensores, que solicitan el archivo de la causa al considerar que las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación policial se hicieron de forma ilegal. La juez tendrá que decidir ahora si continúa con el procedimiento o, al contrario, dicta el sobreseimiento.

Fiscal, abogados e imputados acudieron ayer a la comparecencia que se celebró en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo y que tenía por objeto concretar las imputaciones así como exponer alegaciones y nuevas pruebas en este procedimiento, que se realizará por el trámite de la Ley de Jurado ya que, debido al tipo de delito, el caso lo juzgaría un tribunal popular.

No hubo sorpresas en relación con las imputaciones de la acusación pública. El fiscal de delitos urbanísticos, Juan Carlos Aladro, mantuvo ante la juez María Eugenia Manzanares Saavedra las mismas que solicitó en la primera comparecencia judicial de los detenidos, sólo un día después de los arrestos por supuesto cobro de comisiones ilegales.

La defensa desveló por primera vez cuál será su estrategia legal: pedirá la nulidad de las actuaciones, y por tanto el archivo de la causa, al entender que las escuchas telefónicas al arquitecto Borja Ramilo se hicieron de forma ilegal ya que cuando se pincharon los teléfonos "no existían indicios ni pruebas" para decretar esa medida.

"Las escuchas no se hicieron según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni conforme a los requisitos de legalidad que se contemplan en la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional", explicó ayer el abogado de Mosquera, Fernando Rubianes, que presentó esta alegación, a la que se unieron las demás defensas. Los letrados también señalaron que es un delito provocado al entender que se forzó a cometerlo por la forma en que se desarrolló la investigación.

Asimismo, piden que se aporte a la causa el último Plan Xeral de Gondomar, que está en trámite de exposición pública tras su aprobación inicial. Plantean que declare como testigo la redactora del documento, la arquitecta Marián Leboreiro.

La Fiscalía, además de datos como la información patrimonial de los imputados, solicita documentación sobre los tres convenios urbanísticos que supuestamente originaron los delitos y que se incluyeron en el citado Plan Xeral. Estos proyectos corresponden a la finca Pousa de Fontán, cuya urbanización promovía el "gancho" de la operación; a la finca Clemente y al polígono 10. Los promotores de estas dos últimas áreas no pagaron comisiones ilegales porque no les satisfacía la edificabilidad prevista en el documento urbanístico.