La semana pasada el Foro de Entorno Socioeconómico, el Think Tank del Círculo de Empresarios de Galicia, publicó una nota de prensa acerca de la conflictividad fiscal en Galicia, el elevadísimo número de reclamaciones de los empresarios contra las liquidaciones de la ATRIGA, y la altísima proporción de esas liquidaciones finalmente anuladas por el propio tribunal de hacienda: El Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia. Esa nota de prensa llevaba el expresivo título de “El 80 % de las liquidaciones de la ATRIGA sobre el Impuesto de Sucesiones son anuladas por el TEAR-G” Y continuaba con este subtítulo: “Galicia sigue presentando la peor ratio, 15 puntos por encima de la media española, en mala praxis administrativa.” Y finalizaba con esta lúcida propuesta: “Círculo considera necesario un órgano de control de calidad que fije los criterios interpretativos”.
La nota salía al paso de que Galicia presenta una alta litigiosidad en materia tributaria que afecta especialmente a las resoluciones de la ATRIGA. Y con las estadísticas de la memoria del Ministerio de Hacienda, nos reglaba con estos números: Galicia concentra casi la cuarta parte (23,17 %) de las reclamaciones interpuestas ante los tribunales contra resoluciones de las haciendas autonómicas sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una tasa que está muy por encima de lo que representa Galicia en el conjunto de España en términos de población, PIB, empresas o empleo: En términos poblacionales, los 2,7 millones de gallegos somos el 5,75% de la población española y nuestro PIB es el 5,17% del PIB español. Se comprende la alarma de un Think Tank como el Círculo ante esa disparidad entre reclamaciones porcentuales y cualquier otra medida relativa al peso de Galicia en España.
Pero la nota no se detenía ahí, lo especialmente llamativo es el altísimo grado de anulación de las liquidaciones de ATRIGA: más del 80% en el Impuesto sobre Sucesiones y el 75% en el de Transmisiones Patrimoniales.
Y así, se elaboró este asombroso cuadro comparativo que incluimos en esta página.
En otras palabras, en Cataluña, la Agencia tributaria autonómica, de cada 10 liquidaciones se equivoca en 5,8. En Galicia, la ATRIGA, de cada 10 liquidaciones se equivoca en 8. Estos datos, en cualquier país ‘normal’ de nuestro entorno europeo, enciende las más elementales alarmas. E incluso algún político conjugaría el verbo dimitir. Pero en Galicia no somos un país normal, somos un país fabuloso. Un país de fábula distópica, donde el poder públicos con mayor potestad de injerencia en las vidas y haciendas de los ciudadanos, se equivoca de cada 10, 8 veces, y tan panchos.
No les aburriré con más números, pues están todos publicados en la página web del Círculo de Empresarios.
Y tan panchos, digo, porque no es la primera vez que el Círculo muestra su preocupación por la alta litigiosidad fiscal en nuestra comunidad y por el alto grado de anulación de las liquidaciones de ATRIGA. El Círculo pidió una entrevista con el Presidente Feijóo. Feijóo delegó en el Conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez y este lo hizo en la directora de la ATRIGA, quien prometió formar un grupo de trabajo y… hasta hoy.
El dinero, porque hablar de empresa es hablar de dinero, es conservador por propia naturaleza; no le gustan los riesgos no calculables y quiere seguridad jurídica: una comunidad desarrollada y moderna pasa inexcusablemente por la previsibilidad en la aplicación de la legislación tributaria. No es una petición exclusiva del dinero. Recuerden a Churchill cuando en el parlamento británico le espetó a un oponente que se hizo un lío con la democracia: “Déjese de historias, Señoría, Democracia es cuando llaman a las seis de la mañana a la puerta de su casa y tiene usted la certeza de que se trata del lechero”. Churchill se refería a la arraigada tradición británica de repartir la leche por las casas de madrugada, pero también a la circunstancia de que en Europa, en los años 30, cuando llamaban de noche a la puerta, millones de judíos y demócratas temían por sus vidas.
Pero viene al caso hablar del dinero, y no solo por el principio que rige la inversión empresarial, el Principio de Aversión al Riesgo; no, viene al caso porque la raíz del problema está en el Impuesto sobre Sucesiones, y trae causa de la negativa de la ATRIGA a admitir la reducción en el impuesto, de las empresas familiares.
He de decir que la legislación gallega transcribe bien las recomendaciones de la Comisión Europea de eliminar la fiscalidad de las herencias de la pequeña y mediana empresa, porque descapitaliza las unidades productivas.
Sin embargo, en la aplicación de esta legislación favorecedora de la continuidad empresarial, la norma se reinterpreta por la ATRIGA; se retuerce e inaplica de plano, causando un daño superlativo al tejido empresarial, que luego, años más tarde, repara el Tribunal sólo si la empresa pudo superar el pago desorbitado de una liquidación tributaria injusta.
Y terminaba la nota de prensa considerando necesario articular un órgano de control de calidad que fije los criterios interpretativos de la legislación fiscal autonómica y, de esta manera, salir al paso de la alta litigiosidad antes de que se produzca, no después, cuando el daño está hecho y solo un tribunal puede remediarlo. En Galicia hace falta un Consejo de Defensa del Contribuyente.
Hace años defendí a la herencia de una pequeña empresaria que tenía una papelería librería en un pequeño pueblo del interior de Galicia. Toda su vida había contribuido a un plan de pensiones donde llegó a juntar 50.000 euros. A finales de año le diagnosticaron un cáncer terminal. La primera semana de enero rescata el plan para pagar una famosa clínica privada. Falleció en febrero. Los ingresos de la empresa, la papelería, desde el 1 de enero al día del óbito serían escasamente unos miles de euros. Pero el plan de pensiones, al ser rescatado computa como rendimientos del trabajo personal. El inspector de la ATRIGA les dijo que ya no era empresaria porque la empresa ya no era su principal fuente de renta. Y practicó una liquidación disparatada e injusta a su heredero, que pagó el impuesto por libros, papeles y cuadernos en la tienda, como si fueran joyas. Le llamé al Inspector para recordarle que “el sentidiño de los gallegos” también es fuente del derecho. Me colgó el teléfono.
¿Qué creen que pasó en el Tribunal con esa liquidación? ¿Comprenden ahora por qué les tumban 8 de cada 10? Pierden 8 de cada 10 porque se conducen como una administración encanallada con el contribuyente, al que parecen disfrutar pisando. Invito a la ATRIGA a que ejerza su legítimo derecho de réplica, a que me niegue los hechos. Porque así me permitirá decirles a todos ustedes el nombre y apellidos de ese inspector de Lugo que firmó aquella vergüenza, tan disparatada en derecho, como cruel con el ciudadano.
