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Facenda duplica las inspecciones a grandes patrimonios con análisis masivos de datos

La Atriga abrió 125 actas en 2019, la mayoría sin conformidad con el contribuyente | Las reclamaciones contra la administración por el impuesto ascendieron a 133

Yate de lujo navegando por la ría de Aldán

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Los ricos de Galicia son especialmente ricos. De media declaran 5,4 millones de euros en el Impuesto del Patrimonio, un 64% más que el total del país (3,3 millones) y el segundo mayor importe tras Madrid (9,5 millones), donde el tributo está bonificado al 100% y sus casi 18.600 contribuyentes no desembolsan ni un euro. En Galicia son 7.854, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. Tenían en cartera al cierre de 2018 alrededor de 42.700 millones de euros tras un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior. Aunque todos ellos superan la barrera de los 700.000 euros de base imponible o propiedades por valor, al menos, de dos millones de euros, la exención de una parte importante de su cartera redujo a 7.258 los millonarios que sí tienen que pagar: 82,4 millones de euros. De la campaña de 2019 –presentada en el actual 2020– todavía no hay información para confirmar si se mantiene el continuo y notable incremento del bolsillo de este selecto grupo de población, pero sí se sabe cómo fue la gestión. Es un gravamen estatal cedido, en manos de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), que levantó 125 actas de inspección, el doble que en 2018 (69), apoyándose en las nuevas tecnologías y el análisis masivo de datos para comprobar que el valor declarado es real, no hay bienes escondidos, si alguno de los obligados tributarios juega al cambio de domicilio para beneficiarse de la beneficiosa fiscalidad de Madrid o, directamente, si algún gallego escurre el bulto para evitar declarar sus propiedades.

Entre todos los impuestos, la Xunta instruyó 528 actas de inspección

El organismo tributario de la Xunta recibió el pasado año 7.909 declaraciones, de las que 58 eran de ejercicios anteriores a 2018. No todas se revisan inmediatamente. Se van acumulando. El Departamento de Tributos de Gestión Centralizada de la Atriga emitió 247 liquidaciones complementarias tras poner la lupa a los bienes declarados por los grandes patrimonios de la región, un 44% más que en 2017, como recoge el balance de la Inspección General del Ministerio de Hacienda incorporado al proyecto de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. El importe de las liquidaciones subió también, un 37%, hasta los 1,187 millones de euros y principalmente se debieron a recargos de extemporaneidad e intereses de demora y comprobaciones rutinarias “en las que se ha dado preferencia a declaraciones devengadas en 2014”. ¿Por qué? Porque estaban a punto de prescribir.

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El control de los “no declarantes” se realiza básicamente de la mano de la herramienta Zújar facilitada por la Agencia Tributaria Estatal, una herramienta de big data que recopila y trata grandes bases de datos de los contribuyentes españoles y “ofrece información sobre distintos tipos de inmuebles”. Algo así como un detective 4.0 al servicio del fisco. Entre otras actuaciones, la Atriga pudo rastrear la existencia de bienes en el extranjero y si los límites a las cuotas vinculados al IRPF o las exenciones a las que se agarraron los contribuyentes son correctos.

Los inspectores tributarios de la Xunta instruyeron 528 actas en 2019 por un importe de 18,1 millones de euros. El impuesto con más expedientes es el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el que se paga, por ejemplo, en la compraventa de viviendas y coches usados o por la firma de concesiones administrativas. Fueron 213 y una cantidad de 2,2 millones de euros. En valor destaca el de Sucesiones y Donaciones, previsto para las herencias: 13,1 millones de euros en 190 actas. El descenso en comparación con 2018 es notable –entonces fueron 274 expedientes y más de 72 millones– y se debe “a que en 2018 hubo resultados extraordinarios en las actuaciones de inspección de A Coruña con acuerdo en el impuesto por importe de 59,1 millones”.

Justo lo contrario que el Impuesto del Patrimonio, que pasa de 69 a 125 actas de inspección y registra una subida del 49% en el importe, con 2,8 millones de euros. La mayoría, 68  (por una cantidad de 2,1 millones de euros), fueron en disconformidad con el contribuyente afectado. En el caso de Sucesiones alcanzaron las 127; y 114 en Transmisiones Patrimoniales, según recoge el informe del Ministerio de Hacienda.

Al igual que sucede con el resto de contribuyentes, los grandes patrimonios pueden recurrir en el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) las decisiones de la Atriga. Se presentaron 133 quejas en 2019. Había otras 238 pendientes de años anteriores. Solo se resolvieron en ese año 23: 8 estimadas en su totalidad, 11 parcialmente y otras 4 se archivaron, hubo desestimiento o se denegaron las competencias.

El personal de la Atriga baja en una decena de efectivos

La primera recomendación a la Atriga del Ministerio de la Inspección General del Ministerio de Hacienda en su informe anual de supervisión es que “se mantenga la periódica convocatoria” de los procesos selectivos “y la petición de las plazas que sean imprescindibles” para el área fiscal “para estabilizar el empleo a medio plazo y garantizar el ejercicio de funciones tributarias básicas como la asistencia al contribuyente, la gestión de liquidación o las actuaciones inspectoras”. En 2019 había 405 trabajadores en la Xunta vinculados a las tareas de los tributos cedidos. Eran 10 menos que en 2018. Se perdieron 7 funcionarios, cuatro trabajadores de personal laboral y las oficinas liquidadoras repartidas por la comunidad sumaron uno más. “En la actualidad –señala el informe finalizado en julio de este año– están en marcha procesos selectivos, uno de ellos de promoción interna”. Concretamente, en el Cuerpo Superior de la Xunta y en escala técnica de Finanzas con 8 plazas. Hay, además, un ejercicio con una prueba pendiente y dos candidatos seleccionados y la resolución de un concurso de provisión.

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