Aguirre apunta a Sánchez en el juicio por la Ciudad de la Justicia aunque la denuncia partió de Cifuentes

Esperanza Aguirre ha señalado a la salida de su declaración en la Audiencia Nacional por el caso Campus de la Justicia que fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que ordenó la imputación por delitos continuados de prevaricación y malversación de Alfredo Prada, el que fuera vicepresidente y mano derecha de Aguirre en la Comunidad de Madrid. "Oh, casualidad, cinco días antes de un debate con Pablo Casado la ministra de Justicia imputó a Prada", ha dicho con ironía la ex líder regional del Partido Popular a los medios de comunicación, tras concluir su participación como testigo en la vista.

Al ser advertida por los periodistas de que son los jueces, y no los Gobiernos, lo que deciden sobre la imputación de cualquier persona, la expresidenta de Madrid ha contestado: "Bueno, no sé si lo pidió el juez, la Fiscalía o quién, pero qué casualidad", ha insistido Aguirre. Ante el tribunal que juzga a Prada no se refirió al presidente socialista, y se limitó ha defender la "buena" gestión que se hizo del proyecto Campus de la Justicia y que Prada, al que ella misma destituyó por apoyar a Mariano Rajoy, "no se llevó un duro".

"No se trata de funcionarios que hayan sustraído dinero público para lucro personal", explicó el primer juez instructor del caso, sino que lo que se juzga es si los acusados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación".

Por lo sucedido entonces, Alfredo Prada, que fue su mano derecha en el gobierno, está acusado de idear un "plan criminal" junto a otras cinco personas para repartir los contratos públicos entre empresas afines. El Ministerio Público pide para él ocho años de cárcel por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La denuncia partió de Cifuentes

La denuncia, a pesar de lo que que ha dicho Aguirre a la salida de su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, partió de la Comunidad de Madrid, que estaba encabezada en ese momento, en 2018, por Cristina Cifuentes y por Ángel Garrido.

Garrido, que llegó a presidente autonómico de transición tras la salida de Cifuentes, también ha declarado en sede judicial como testigo, y ha explicado que la denuncia se presentó ante la Fiscalía tras un informe de la Cámara de Cuentas y a petición de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

"Tenemos tolerancia cero con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más", llegó a decir la entonces presidenta autonómica. Hoy, en la Audiencia Nacional, Garrido ha explicado que cuando llegó al cargo como consejero la documentación acerca de Campus de la Justicia estaba "muy desordenada", y que ellos fueron los que llevaron a cabo la denuncia "en defensa del erario público madrileño, eso está claro".

Campus de la Justicia, un proyecto millonario

Campus de la Justicia, ahora rebautizado como Ciudad de la Justicia, es un faraónico proyecto de 260.000 hectáreas que se empezó a levantar en la zona de Valdebebas en 2008, y que desde entonces lleva inerte pese a los recientes intentos del nuevo gobierno regional por resucitarlo.

El juicio, que empezó a principios de mes, ya ha visto cómo algunos testigos clave han apuntado directamente al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid como "responsable último" de todas las decisiones que se tomaron acerca de Campus de la Justicia.

El proyecto fue impulsado en 2007 durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre en el gobierno regional, y, casi veinte años más tarde, vive un nuevo intento de resucitar de la mano de Isabel Díaz Ayuso y de otros 680 millones de euros de dinero público más.

"Esto no fue una ocurrencia de Esperanza Aguirre, yo ni sabía que existían otras ciudades de la justicia, pero todo el mundo estaba de acuerdo en que era una buena idea", ha defendido la expresidenta.

En ese sentido, la ex líder popular ha asegurado que la crisis fue definitiva para paralizar el proyecto y que la prioridad de su ejecutiva era no comprometer la viabilidad de los presupuestos de la comunidad.

En este caso, también se encuentran como acusados junto a Prada Isabelino Baños Fernández, director general técnico, Mariano José Sanz Piñar, subdirector general técnico, Alicio de las Heras Rodríguez, director financiero, Andrés Gómez Gordo, director de Seguridad del Campus de la Justicia, y Félix José García de Castro, administrador.