Hacienda

La investigación secreta al despacho fundado por Montoro incluye correos sobre la situación fiscal de Rato

La junta de fiscales de Anticorrupción no vio relevancia penal a los mensajes aportados por el Ministerio de Hacienda a la causa que instruye un juez de Tarragona

Cristóbal Montoro y Rodrigo Rato, en una imagen de archivo.

Cristóbal Montoro y Rodrigo Rato, en una imagen de archivo. / EFE

Tono Calleja Flórez, Cristina Gallardo, J. G. Albalat. Ángeles Vázquez

El proceso judicial que instruye en secreto desde el 2 de agosto de 2018 el juez de Tarragona Rubén Rus Vela sobre si el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro usó sus influencias en el Gobierno en beneficio de sus clientes incluye correos electrónicos en los que se alude a la situación fiscal del exvicepresidente del Ejecutivo y exministro de Economía Rodrigo Rato, según confirman cinco fuentes que conocen los hechos a esta redacción.

Estas fuentes aseguran que el juez del caso reclamó al Ministerio de Hacienda numerosos correos electrónicos. De hecho, la Audiencia de Tarragona ya avanzaba en uno de sus autos la "extrema complejidad" que presenta la causa y el "ingente y complejo material incautado" a finales de 2021.

La relevancia penal de estos 'emails', que aluden entre otros a Rato y a un periodista, se analizó en la junta de fiscales que se celebró en Anticorrupción el pasado 26 de septiembre, en el que una mayoría de la misma (19 contra 5) apoyó la decisión del jefe del departamento, Alejandro Luzón, de no profundizar en el análisis del contenido de los mismos.

Sobre Montoro

En su libro 'Hasta aquí hemos llegado', Rodrigo Rato critica la actuación de Cristóbal Montoro, que era ministro de Hacienda cuando fue detenido. En concreto, le acusa de conocer la declaración de la renta de su mujer, pero también la de un diputado del PP, que era marido de una secretaria de Estado: "Te hemos investigado y lo tienes todo bien, le espetó Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados", parafrasea Rato al exministro de Hacienda.

Y de forma directa le señala como responsable de estas irregularidades: "Montoro emprendió una dudosa senda, rayana en algunos casos en la ilegalidad, al airear datos fiscales de determinados individuos o amenazar a colectivos como los medios de comunicación, deportistas y actores e incluso rivales políticos con la información que obra en manos de la Agencia Tributaria. Fueron numerosas las sesiones de control en el Congreso en las que soltaba esas amenazas, que al día siguiente aparecían filtradas en algún medio. No olvidemos que fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el que confirmó la información de que yo me había acogido a la amnistía fiscal".

Finalmente, la publicación de Rato llama la atención en que su detención la llevó a cabo "una turba de agentes con chalecos del Servicio de Aduanas", dependiente del Ministerio de Hacienda. "El registro se producía por una denuncia presentada por la ONIF, una sección de la Agencia Tributaria, ante la Fiscalía de Madrid'". Esta actuación, siempre según Rato, fue dirigida por "Luis Agustín Terán, uno de los autores de la denominada 'denuncia temprana' que había dado origen a la detención", concluye el exvicepresidente del Gobierno.

De forma reciente, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado que el juicio contra Rato por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios se va a celebrar a partir del 12 de diciembre.

El que fuera también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue procesado en la causa que se inició a raíz de una investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que culminó en un informe elaborado el 21 de julio de 2015 por dos funcionarios, en el que también aparece el nombre de la entonces inspectora jefe del organismo, Marga García-Valdecasas Salgado.

Críticas a García-Valdecasas

García-Valdecasas Salgado también ha sido objeto de las críticas de Rato. En su libro, el exvicepresidente del Gobierno asegura que cuando fue citado a declarar por el juez del caso, Antonio Serrano Arnal, la directora de la ONIF "se negó a firmar la denuncia temprana" que dio lugar a la causa por la que va a ser juzgado. "Pero aun así el juez la obligó a declarar. Contó que primero le había presentado el caso a Alejandro Luzón, fiscal de la Audiencia Nacional [en realidad estaba en Anticorrupción], quien no había visto fundamento suficiente en la denuncia. Acudió entonces a la Fiscalía de Madrid, donde Javier Rodrigo de Francia aceptó presentar la denuncia", escribe de forma literal el exvicepresidente del Gobierno del PP.

Rato sostiene, además, que la ONIF llegó a remitir al juzgado 18 "informes intermedios, que nada tenían que ver con la causa". El informe final no llegó hasta julio de 2021: "Una causa tributaria que no había estado precedida por una inspección formal, que venía con petición de detención y de requisar doce millones de documentos, no fue acompañada de un informe definitivo de acusaciones. Parecía más bien que se trataba de encontrar lo que fuera para justificar aquel registro. De hecho, los informes de la ONIF sobre temas ajenos a aquellas primeras acusaciones indicaban una gran investigación prospectiva sobre toda mi carrera profesional", lamenta el exministro de Economía, que define el trabajo de los funcionarios de Hacienda: "Total impunidad".

Rato fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Cajamadrid, pero sin embargo fue absuelto por el caso Bakia, que investigó el ahora jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Un correo de septiembre

Este periódico desveló en exclusiva que en la causa secreta de Tarragona hay un correo electrónico de 26 de septiembre de 2017 en el que el inspector jefe de la ONIF, el director de la Agencia Tributaria y el director de Inspección Financiera y Tributaria intercambian opiniones sobre una supuesta inspección al periodista de 'ABC' Javier Chicote. El 'email' incluye como adjunto un informe fiscal sobre el informador y sus familiares. Meses antes este había publicado diferentes noticias sobre la querella que había interpuesto la Fiscalía Anticorrupción contra los responsables del bufete que creó en 2006 Montoro, pero del que el exministro asegura haberse desvinculado en 2008.

En este procedimiento de 2017, que fue investigado en un juzgado de Madrid, llegaron a figurar como investigados Ricardo Montoro, hermano del exministro de Hacienda, el presidente ejecutivo de Equipo Económico y exjefe de gabinete de Montoro en el Ministerio de Hacienda, Ricardo Martínez Rico; y los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, que dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. La causa fue archivada dos años después.

En la causa que investiga en secreto el juez de Tarragona permanecen investigados el presidente ejecutivo del despacho Equipo Económico y exjefe de gabinete de Montoro, Ricardo Martínez Rico, y los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004.