“ERC no está por la armonización fiscal”. La afirmación, y su contundencia, proviene de fuentes del grupo parlamentario republicano en Madrid, el mismo que, en noviembre de 2020, arrancó a Hacienda el compromiso de crear una comisión bilateral con el Govern catalán, para imponer una tributación mínima del impuesto sobre patrimonio en todas las comunidades autónomas y acabar así con “la competencia fiscal a la baja” y el "paraíso fiscal" en que se estaba convirtiendo la Comunidad de Madrid que preside Isabel Diaz Ayuso.
El debate sobre la competencia fiscal a la baja se ha reabierto estos días, después de que el Gobierno de Andalucía, del PP, haya anunciado su intención de bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio, siguiendo la estela de Madrid. Pero esta vez los republicanos muestran mayor apatía. “Como partido de izquierdas que somos”; prosigue esta fuente de ERC, “estamos por un mayor reparto equitativo de las cargas”, señala, pero “no es nuestra prioridad, ni entra en la agenda negociadora de Esquerra tomar la bandera de esa lucha contra el ‘dumping’". Y sentencia, “eso, en cualquier caso, debería ser un asunto para la izquierda española”. En todo caso, los republicanos han trasladado al Gobierno español el “sinsentido” que supone que la segunda comunidad con menos recursos propios, Andalucía, entre en la “subasta populista”, como la definió el Govern el martes.
El espíritu soberanista de ERC parece haberse puesto por encima de su esencia de partido de izquierdas y la formación republicana se desmarca ahora del debate sobre la armonización al tiempo que, desde el Govern, el president Pere Aragonès aboga por mantener el impuesto sobre el patrimonio en los presupuestos autonómicos para 2023, en contra del criterio de Junts. El resultado final, en todo caso, dependerá de las próximas negociaciones en el Parlament. De momento, los 'comuns' ya han anunciado que piensan llevar al debate de política general una propuesta para forzar a los grupos a votar el mantenimiento del impuesto sobre patrimonio, que pagan solo el 1% de los catalanes y que supone 547 millones de euros para las arcas de la Generalitat.
Una comisión que nunca se creó
En 2020, el diputado Gabriel Rufián (ERC) impuso como condición al Gobierno para el apoyo de ERC a los Presupuestos de 2021 la creación de un "comité bilateral" (entre el Govern y el Ministerio de Hacienda) para armonizar el impuesto sobre patrimonio en todas las comunidades autónomas. Aquella concesión de la ministra de Hacienda a ERC -que, depués, nunca se cumplió- levantó ampollas en la Comunidad de Madrid: "Los mismos que demandan mayor autonomía a todos los niveles, hasta el punto de exigir una república independiente que no tiene cabida en el marco legal, quieren acabar con el escaso margen fiscal que ostentan las comunidades autónomas", publicó entonces el consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en las páginas de EL PERIÓDICO poniendo el dedo en la llaga soberanista de ERC. La frontera entre atar corto a Madrid y la intromisión centralista, es decir, la liquidación del autogobierno, era muy fina. Y para un partido no solo soberanista, sino independentista, suponía una paradoja muy nociva para su coherencia de discurso.
Como sucedáneo de aquella comisión bipartita que nunca llegó a crearse, el Ministerio de Hacienda ofreció la creación de un grupo de expertos para la reforma fiscal, cuyo informe final, presentado en marzo de 2021 sí abogaba por una armonización en los impuestos autonómicos sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones.
El viejo modelo de ERC
Pese a que en aquellos días de noviembre de 2020, Rufián vendió como un logro el compromiso de crear una comisión bilateral Govern-Hacienda sobre la armonización del impuesto de patrimonio, las fuentes de ERC consultadas ahora sostienen que aquella propuesta partió del propio Gobierno, en concreto de la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo de coalición. ERC, por compromiso social, apunta esta fuente “accedió a introducirlo en el acuerdo de Presupuestos”, pero en las reuniones de seguimiento del cumplimiento de las cuentas se percibió, según los republicanos “que el Ejecutivo no se atreve a acometer la reforma”.
Lo cierto es que antes de acordar en 2020 la fallida comisión bilateral Govern-Hacienda, ERC había puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez con la presentación de una enmienda al proyecto de Presupuestos de 2021 en la que la formación republicana exponía su propio modelo de armonización para el impuesto sobre patrimonio, réplica del tributo dual que se aplica en EEUU.
Según aquel modelo, además de la cuota autonómica se crearía la cuota estatal del impuesto sobre el patrimonio, de acuerdo a un mínimo exento y una escala de gravamen aplicable a todo el Estado. Pero solo se ingresaría al Estado la diferencia entre la cuota estatal y la cuota autonómica, con el límite de la primera de ellas. Así, por ejemplo, si la cuota estatal diera como resultado 100 euros y la cuota autonómica, cero, el total de los 100 euros pagados por los contribuyentes de esa comunidad irían a las arcas de Hacienda. En cambio, si la cuota autonómica fuera de 100 euros, el Estado ingresaría cero euros. Si la cuota autonómica fuera de 120 euros, la totalidad de ellos serían para las arcas de la autonomía en cuestión. Este modelo dual, en definitiva, garantizaría, una imposición mínima sin que las autonomías pierdan la capacidad normativa sobre el tributo, según defendía entonces ERC.
