Espionaje

El Gobierno evita judicializar las escuchas a Laya durante su pulso con Marruecos

El Ejecutivo se escuda en que no se probó que fue con 'Pegasus', que ya no forma parte del Gabinete y que desconoce los avisos que pudiera hacer entonces el CNI para no incorporar la información sobre el espionaje al móvil de la exministra de Exteriores a la causa judicial

La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. / Alba Vigaray

Marisol Hernández

El Gobierno se desentiende de los ataques que sufrió el teléfono de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, durante su pulso con Marruecos. Así lo publica El Periódico de España. A pesar de que Moncloa ha puesto en conocimiento de los tribunales los informes del Centro Criptológico Nacional, que certifican las intromisiones en los móviles del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los ministros de Defensa y de Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, y el intento de entrada en el del titular de Agricultura, Luis Planas, en los peores meses de la crisis diplomática con el reino alauí, no tiene la intención de hacer lo mismo con Laya.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, justificó este martes su negativa a judicializar estas injerencias en que no se probó que habían sido realizadas con el 'software' Pegasus. Lo cierto es que, tras desvelarse el espionaje a dirigentes independentistas a través de The New Yorker, el Ejecutivo se sintió concernido y decidió que los terminales de todo el Gobierno fueran inspeccionados. Lo hizo, a pesar de que, como se conoció después, al menos 18 de esos cargos separatistas, habían sido espiados por el propio CNI.

Fue en ese momento cuando se descubrió que a Sánchez y a sus ministros les había robado información de sus terminales un "agente externo". Las fechas coinciden con la ofensiva marroquí contra España por la atención sanitaria al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y la oleada migratoria a las costas de Ceuta, auspiciada por Rabat. Todo con el trasfondo de la reclamación al Ejecutivo de un cambio de postura sobre conflicto del Sáhara Occidental, que acabó produciéndose meses después, con Laya ya cesada.

En una entrevista con El Periódico de España la exministra aseguró que todo sirvió en esa crisis "para enfangar" la ayuda humanitaria a Gali. "Y cuando digo todo ha sido todo: escuchas, denuncias, campañas, incluidas campañas de prensa, defendió, al ser preguntada por la intrusión en su teléfono. Laya valida de este modo que fue objeto de espionaje, algo que el Gobierno siempre ha eludido ratificar.

El visado del CNI

Ella confirmó que puso su teléfono en manos de las autoridades competentes dentro de la Administración, cuando pensó que su móvil podía haber sido atacado, en medio de la crisis marroquí. Y destacó que "los teléfonos de los responsables gubernamentales tiene un cauce para su protección y también para investigar las violaciones de su integridad", en alusión al Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI.

Según publicó EL PAÍS la entonces jefa de la diplomacia española fue avisada por los servicios secretos de que su móvil había sido atacado, los técnicos confirmaron la intrusión, pero no llegaron a determinar cuál era el programa que propició la contaminación. El hecho de que en ese momento no se determinara que fuera con 'Pegasus', una tecnología que tiene Marruecos, a quien ya se señaló como autor de las intromisiones al móvil del presidente Emmanuel Macron y de miembros del Ejecutivo francés, es a lo que se agarra Moncloa para no incorporar la información sobre Laya a la causa judicial.

Fuentes gubernamentales argumentan que ya no forma parte del Gobierno y que la revisión sobre las injerencias a Sánchez y al resto de ministros se ha realizado sobre la configuración de los teléfonos actuales, sus posibles brechas de seguridad y ausencia de programas que pueden esquivar la contaminación de 'Pegasus'. Las mismas fuentes apuntan a que no tienen confirmación de si se trataba del teléfono personal o profesional de la exministra y sostienen no saber nada de los avisos que el CNI el trasladó.

En este desconocimiento confluyen también razones de índole política, ya que todo el 'pastel' del espionaje al Ejecutivo se ha descubierto en el peor momento, cuando se acaba de superar la crisis diplomática con Marruecos, tras el giro de la posición española sobre el Sáhara y el apoyo al plan de autonomía marroquí. De hecho, el Gobierno evita de manera consciente apuntar al reino alauí como posible autor de los ataques.

Este martes se conoció que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado el secreto del sumario en la causa del espionaje a Sánchez y ha citado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a declarar como testigo el próximo 5 de julio. Él mismo dijo en unas declaraciones en el Senado que "lo que tenemos que hacer es dar toda la información que tenemos al juez, aparte de la que ya aportamos en los autos para que conozca todo lo que obra en poder del Gobierno". Pero esta disposición no incluye aclarar las injerencias en el teléfono de quien era ministra de Exteriores, cuando se atacaron también los móviles del presidente y de otros destacados miembros del Gabinete.