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Faro de Vigo

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Las vías para evitar su suspensión

Laura Borràs presiona a ERC y CUP para aguantar en el cargo cuando llegue a juicio

La presidenta confía en que un dictamen de la comisión del estatuto de los diputados, en manos de Junts, le permita mantener la presidencia hasta que tenga sentencia

La presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no tiene intención de renunciar al cargo cuando se le abra juicio oral por el presunto fraccionamiento de contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La jefa de la Cámara catalana presiona a ERC y CUP para que se pongan de su lado y sorteen la aplicación del artículo 25.4 del reglamento, que establece que debe ser suspendida temporalmente cuando tenga fecha para la vista, al estar acusada de delitos vinculados a la corrupción como son los aquellos que se le achacan: prevaricación, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación por favorecer presuntamente a un amigo al trocear 18 contratos menores.

La oposición sigue apretando para que Borràs sea apartada, como reza el artículo que fue avalado por Junts pel Sí y la CUP en 2017, pero la presidenta ya ha encendido los motores para evitarlo. La estrategia, según varias fuentes del entorno de la presidenta, pasa por hurgar en que la causa judicial es "política y no judicial" y por subrayar las "irregularidades" en un largo proceso que comenzó cuando pilotaba la Conselleria de Cultura, como lo ha dejado por escrito en su recurso.

No hay duda de que la vía parlamentaria pasará por la comisión del estatuto de los diputados, que está presidida por una persona de su confianza, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), quien será el encargado de elaborar un dictamen que previsiblemente defenderá que la literalidad del artículo es ambigua y que Borràs no puede quedar sujeta porque "su caso responde a una causa general contra el independentismo". La táctica es dilatar este plazo, atendiendo al artículo 25.1- que fija condiciones de suspensión para los delitos que no son corrupción e intentar así que pueda seguir en el cargo al menos hasta que haya una sentencia, aunque no sea firme, como sucedió con el 'caso Juvillà'.

Fuentes de su entorno afirman que no cederá y que no renunciará a luchar contra su suspensión, aunque las consecuencias puedan derivar en la enésima crisis en el Govern. De ahí que este martes, en declaraciones a TV-3, Borràs haya apremiado a ERC y CUP a no hacer "de jueces" aplicando el reglamento sin fallo judicial -alegando que vulnera la presunción de inocencia- y ha defendido que no se siente "interpelada" por el artículo 25.4, puesto que asegura que no ha cometido ningún fraude.

ERC y CUP, por ahora, mantienen que el reglamento está vigente, pero está por ver qué sucederá cuando se lleve a votación el dictamen de la comisión que, después, debería ser ratificado en el pleno. Algunas fuentes apuntan que Junts "como mínimo debería replantearse su puesto en el Consell Executiu", esto es, forzar una crisis de gobierno que deje a Esquerra sola al mando de la Generalitat. Sin embargo, otras fuentes recalcan que este debate se tendrá que tener cuando llegue el momento y advierten de que no hay una posición común dentro de la posconvergencia sobre esta cuestión.

"Si alguien quiere salir del Govern, que salga. Si alguien tiene muchas ganas de salir del Govern porque este Govern tenía unos objetivos y un plan de trabajo... se puede listar y ver. Ahora que hará un año, se puede ver qué esperaba y que decía hace un año y qué tenemos ahora", ha deslizado Borràs. La oposición no descarta que este caso pueda desembocar en unas elecciones anticipadas: "ERC no se comerá este sapo por Borràs", opina una fuente parlamentaria.

Entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la presidenta adjudicó desde la ILC 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución a un amigo suyo, por los que se la investiga por presunta prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.

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