El proceso de desalojo de los hoteles del sur de Gran Canaria que han acogido migrantes durante los últimos siete meses encara la recta final. Ya solo quedan 800 personas en cinco complejos turísticos, según los últimos datos facilitados por la Delegación del Gobierno. En los recursos alojativos acondicionados por el Ministerio de Migraciones hay otros 3.900 migrantes, por lo que en las Islas permanecen 4.700 personas de las 29.000 que llegaron de manera irregular al Archipiélago en los últimos 17 meses.
Hace una semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró en el Senado que a final de este mes quedarían liberados los hoteles y todos los migrantes serían desplazados a los campamentos gestionados por el Ministerio. En ese momento todavía había 1.800 irregulares en los establecimientos turísticos, de modo que Migraciones habría trasladado a cerca de un millar en siete días.
A final del año pasado llegó a haber más de 8.000 migrantes alojados en una decena de hoteles de Gran Canaria. Esta medida se planteó inicialmente como una solución temporal a la crisis humanitaria, para evitar que los migrantes tuvieran que permanecer en el muelle de Arguineguín, que no contaba con las condiciones adecuadas para alojarlos. Sin embargo, el Ministerio lleva desde noviembre posponiendo la fecha para dar carpetazo a esta situación.
Escrivá aseguró en el Senado que los complejos estarían vacíos a finales de marzo
En noviembre, cuando Escrivá presentó el Plan Canarias -que cuenta con 7.000 plazas repartidas entre Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura- apuntó que el objetivo era desalojar los complejos hoteleros, para que estuvieran disponibles cuando se reactivara el sector turístico. Desde entonces se ha ido prorrogando el plazo para vaciarlos por completo, ya que el Ministerio se comprometió a liberarlos a mediados de enero, después planteó como línea roja el mes de febrero y, por último, lo ha demorado hasta finales de marzo.
El traslado lento y muy progresivo de los migrantes hacia los recursos alojativos del Plan Canarias ha sido rechazado tajantemente por las autoridades locales, que llevan desde noviembre reclamando en desalojo de los complejos turísticos. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, amenazó, incluso, con abrir expedientes sancionadores a los establecimientos que siguieran acogiendo migrantes cuando comenzara 2021.
A los migrantes computados por la Delegación del Gobierno hay que sumar a los más de 80 que están acogidos por las familias canarias que forman parte de la plataforma ciudadana Somos Red, que además ofrece comida a más de 200 migrantes.
En los hoteles llegó a haber 8.000 migrantes alojados durante las últimas semanas de 2020
Asimismo, el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a 2.658 migrantes no acompañados. De estos, 469 están alojados en tres complejos hoteleros del sur de Gran Canaria, según informa el Ayuntamiento de Mogán. Hasta el momento, once comunidades autónomas de toda España se han ofrecido a acoger a irregulares alojados ahora en Canarias, según ha informado el Gobierno regional. Ayer se trasladaron a Navarra ocho menores y en abril irán otros siete. Además de los menores, en la actualidad hay veinte adultos que han llegado desde Canarias en los últimos meses, a la Comunidad Foral, a través de la mediación realizada por el departamento de Políticas Migratorias y Justicia y dentro del programa de Asilo y Refugio. Estas derivaciones están basadas en el principio de solidaridad interterritorial entre las administraciones, en este caso para ofrecer una atención integral e integradora a las personas menores de edad, migrantes no acompañadas, tal y como establece la ley y las normativas internacionales.
El Gobierno de España deriva a migrantes hacia diferentes puntos de la Península, principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad o solicitantes de asilo, aunque también se traslada a adultos que no están englobados en estas categorías. Si bien, estas operaciones nunca se han difundido oficialmente con el objetivo de evitar críticas políticas procedentes de las regiones a las que llevan a los migrantes. Además, el Ejecutivo considera que ocultando esta información se evita el “efecto llamada” en los países de origen de la migración irregular.
