Pocas leyes han reunido tanto consenso, aunque en su caso, en contra, como la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial presentada por PSOE y Podemos, socios en el Gobierno de coalición, para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Ayer, a las críticas manifestadas por las principales asociaciones de jueces desde el primer momento se sumaron las del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el de Extremadura y el de Castilla y León, así como el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación de Fiscales.
Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto fecha al pleno en el que mostrará su discrepancia con la reforma legal anunciada. Se esperaba para esta misma semana, pero finalmente tendrá lugar el próximo 28 de octubre, víspera de la sesión plenaria ordinaria de este mes, para evitar desplazamientos en plena pandemia de coronavirus, decisión acordada con los siete vocales que propusieron la celebración del pleno extraordinario.
A instancias de los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de Madrid, Extremadura y Castilla y León mostraron su rechazo a la modificación considerándola "una merma en las garantías de independencia judicial". Fuentes jurídicas señalaron que a lo largo de la semana se sumarán más tribunales superiores, según vayan reuniéndose sus órganos de gobierno.
Designación directa
El tribunal extremeño y el castellanoleonés abogan por "la designación directa de los vocales judiciales del Consejo por los propios jueces", opción tradicionalmente abanderada por el PP, pero que abandonó en la última reforma legal con la que se constituyó el actual CGPJ, y que ha recuperado de nuevo para una futura renovación, pero no para la próxima.
En cualquier caso, el más duro es el tribunal superior madrileño, que tacha la reforma de inconstitucional y ve poco "lógico" que unos vocales sean elegidos con unos requisitos y otros con otros "para cumplir la misma función". En su opinión, la reforma del Poder Judicial propuesta, que se aleja de las recomendaciones europeas para "descartar la imagen de politización de la justicia" española, constituye "un menoscabo de la separación de poderes que debe caracterizar a un sistema verdaderamente democrático, al dejar a decisión del poder político la configuración personal del órgano de gobierno del Poder Judicial, facilitando con ello una intromisión que colisiona con las bases del Estado de derecho".
