Cuando Quim Torra anunció que llamaría a las urnas lo antes posible, el Gobierno decidió que la mesa con la Generalitat quedaba aplazada hasta después de los comicios catalanes. La Moncloa pensó que el organismo no podría avanzar en un clima preelectoral. La decisión, sin embargo, duró poco, apenas unas horas. ERC, la pieza sobre la que pivota el futuro de la legislatura española, le pidió a Pedro Sánchez que activase de nuevo este organismo si quería aprobar sus Presupuestos, y el presidente, para quien los cambios de rumbo no suponen un problema, accedió.
El incidente condensa bien las dificultades del diálogo territorial. Unos partidos catalanes, JxCat y ERC, en plena guerra por la hegemonía del independentismo. Un Ejecutivo para el que la mesa de diálogo es, sobre todo, la vía para aprobar las cuentas públicas y asegurarse la estabilidad. Y unas posiciones de partida antagónicas, con la parte catalana pidiendo la autodeterminación y la amnistía para los presos del 1-O y la estatal ciñendo la negociación a asuntos como financiación e infraestructuras.
Todos estos escollos enmarcan la fecha de hoy, cuando a partir de las 16.30 en la Moncloa se celebrará el primer encuentro de la mesa de diálogo sobre el "conflicto político" en Cataluña, el instrumento que lograron los republicanos, bajo la crítica constante de los posconvergentes, a cambio de su abstención en la investidura.
Sin orden del día
Las expectativas sobre los frutos de esta toma de contacto inicial, a la que asistirán Sánchez y Torra, no son muy altas. Ni siquiera hay un orden del día fijado. Fuentes de la Generalitat confían en que la convocatoria sirva, al menos, para esbozar un calendario y un método de trabajo de futuras reuniones. En la Moncloa se muestran de acuerdo con esta previsión. Pero lo más relevante, señalan los socialistas, es la cita en sí misma, con los dos gobiernos hablando cara a cara tras tantos años de incomunicación y procesos judiciales.
"Lo importante es sentarnos", dijo ayer la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Y a partir de aquí, labrar un clima que permita ir de lo más sencillo, como algunas reivindicaciones económicas del Govern, a lo más complejo: un nuevo acuerdo territorial que reconcilie a Cataluña con el resto de España. Según el pacto entre el PSOE y ERC, ese acuerdo, de llegar a suscribirse, debería ser sometido a consulta de todos los catalanes. Según las previsiones de la Moncloa, para algo así todavía queda mucho, y los socialistas anticipan que quizá haya que esperar a la próxima legislatura.
La Generalitat, que también reconoce que el proceso de diálogo no será fácil ni rápido, llevará a la cita sus reivindicaciones de máximos, en especial el referéndum de autodeterminación y la ley de amnistía para los presos independentistas, iniciativas que la Moncloa descarta por completo. Pero a pesar de la enorme distancia que les separa, los equipos de ambos gobiernos negociaron ayer con facilidad cuestiones de intendencia de la reunión.
Hay otro síntoma positivo: Joaquim Torra comparecerá en la Moncloa tras la cita, una decisión que rompe con la tendencia de los últimos años, cuando los presidentes catalanes preferían rendir cuentas en la delegación de la Generalitat en Madrid. Son detalles menores, porque unos y otros asumen que el diálogo de verdad no comenzará hasta después de los comicios catalanes, que continúan sin fecha, y el nuevo reparto de poder que traigan consigo.
El Gobierno quiere tener entonces los Presupuestos aprobados. A poder ser, antes del verano. De ahí que la Moncloa evite entrar en polémicas con el independentismo. Especialmente, con ERC. La primera prueba del nuevo enfoque tendrá lugar mañana, un día después de la mesa de diálogo, cuando el Congreso vote el techo de gasto, primer paso para aprobar las cuentas públicas. El Ejecutivo necesita que los republicanos no voten en contra y confía en lograrlo. "Más gestos no podemos hacer", señala un ministro.
