Los constitucionalistas no acaban de ver claro el alcance del acuerdo al que llegaron los negociadores del PSOE y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Al desconocerse los contenidos que se discutirán en la comprometida mesa de negociación bilateral, no puede saberse qué tipo de consulta se propondrá a los catalanes. Para los catedráticos de Derecho Constitucional Francisco Bastida y Ramón Punset, esa consulta solo puede referirse a una reforma del Estatut, ya que otra posibilidad, como el referéndum de independencia, requeriría una reforma constitucional previa. El también catedrático Ignacio Villaverde opina sin embargo que esa consulta sí puede versar sobre la independencia, y si fuese favorable a la misma, el Gobierno se vería obligado a la apertura de un proceso de reforma constitucional para hacer posible la separación.
Para Francisco Bastida, si la mesa bilateral plantea la cuestión de la autodeterminación, sería inconstitucional. "El Constitucional ya ha dicho que una consulta de ese tipo tiene que ser a través de una reforma de la Constitución, no la pueden plantear ni el Gobierno de la nación ni una comunidad autónoma. Sin olvidar el conflicto político que se plantearía, ya que Sánchez aseguró que no iba a haber un referéndum. Sería una incoherencia gravísima", indica el catedrático.
Bastida no pone tantas pegas a una mesa bilateral. "El concierto vasco también se negocia en una mesa bilateral. El problema es saber de qué se va a hablar y en qué se concretan los acuerdos. Quieren hablar sin líneas rojas, pero eso es ya poner una línea roja. La que no se debería traspasar es la propia Constitución. Llega un momento en que el chicle ya no se puede estirar más", añadió.
Crítico
El catedrático es muy crítico con el papel que están jugando los grandes partidos en todo este proceso. "Hay un cálculo cortoplacista de Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno, y también por parte del PP, que quiere que Sánchez se cueza en su propia salsa y propiciar unas terceras elecciones que pueden darles réditos", interpreta. "Nadie está mirando por el interés general. Hay una responsabilidad muy grande del PSOE, pero sobre todo del PP, que está tensando la cuerda para que el PSOE termine pactando con ERC. Están jugando todos de forma indigna", añade.
El también catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde cree que el problema de una posible consulta sobre la independencia no radica tanto en el contenido de la misma como en quién está autorizado a convocarla.
"Los catalanes hicieron una ley de consultas que fue tumbada por el Constitucional. No habría ningún inconveniente en realizar esa consulta, siempre que la convocase el Gobierno de la nación, que debe proponérsela al Rey. El Constitucional nunca ha dicho que no se pueda preguntar si Cataluña puede ser independiente. Eso sí, en caso de que saliese una respuesta a favor de la independencia, el Gobierno se vería obligado a iniciar un proceso para reformar la Constitución con el fin de hacerla posible", considera Villaverde.
Carácter general
Para el catedrático emérito Ramón Punset, la cuestión de las consultas está meridianamente clara. "Las consultas que están previstas son de carácter general. El referéndum consultivo, tal como se recoge en el artículo 92 de la Constitución, es de todos los ciudadanos. No cabe un referéndum parcial, en el que note solo una parte de la población. Un referéndum parcial solo se contempla en relación a la reforma de los estatutos. Los partidos catalanes pidieron al Gobierno una ley orgánica para autorizar la consulta solo en Cataluña, pero llegó al Congreso y se rechazó", indica Punset.
Eso en cuanto al marco general. En cuanto al acuerdo entre socialistas y republicanos, Punset mostró muchas dudas. "No sé lo que se quiere someter a referéndum. Solo se puede plantear para ratificar o rechazar una reforma del Estatuto de Cataluña. La cuestión es qué reforma del Estatuto puede realizarse. Es difícil que se planteen mayores competencias, porque se ha tocado techo hace tiempo. Se puede modificar la Constitución para ampliar el marco competencial, o se puede modificar el Estatuto retorciendo el significado de las palabras sin llegar a modificar la Constitución, que sería caer en el error de Zapatero en 2005. Guerra dijo aquello de que habían cepillado el Estatuto, pero no fue suficiente para el Constitucional", explica el catedrático emérito.
Renta per cápita
El principio de ordinalidad, es decir, la exigencia de Cataluña de que su solidaridad con otras regiones no puede implicar una reducción de su renta per cápita, "el Constitucional ya lo consideró como una manifestación correcta del principio de solidaridad".
El catedrático cree que la cuestión clave en una hipotética reforma del Estatuto catalán se movería en torno al "reconocimiento de la identidad nacional catalana", pero sobre esa cuestión ya se pronunció el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010, en la que se estableció que "no procede una nación catalana, la única nación es la española".
Régimen confederal
Ramón Punset cree que lo que posiblemente estén planteando los catalanes "es que la relación con Cataluña sea aparte del resto de las comunidades, no formar parte de la multilateralidad que supone un régimen federal como el español. Quieren un régimen confederal, pero eso choca totalmente con la Constitución".
