04 de diciembre de 2019
04.12.2019
Tribunales

El juez cifra en más de 40,75 millones el fraude de UGT Andalucía

Un juzgado procesa al ex secretario general Francisco Fernández Sevilla y otros responsables del sindicato

04.12.2019 | 18:47

El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha procesado al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros responsables del sindicato por presuntamente defraudar 40,7 millones de euros destinados a cursos de formación y ha sobreseído la causa contra el también ex secretario regional Manuel Pastrana por razones médicas.

Según ha informado a Efe la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical "asciende a 40.750.047,74 euros".

En un auto del 3 de diciembre, el magistrado atribuye a los investigados los presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil y traslada la causa a la Fiscalía y a las acusaciones para que en veinte días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.

Los investigados son el exvicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, en el caso del ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana por su "situación de incapacidad sobrevenida", tal como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata que entre 2009 y 2013 hubo "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias".

Estos procedimientos provocaban que los fondos recibidos a través de subvenciones públicas se dedicaban "a fines distintos del destino que deberían haber tenido", como "la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado", de acuerdo con los expedientes de subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo.

Según asevera el juez, "en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato".

Las "técnicas" empleadas fueron el 'rapel', "por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración", o el 'bote', por el que UGT-A "se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas" que "no corresponderían a servicio prestado alguno" pero que "eran imputadas a programas subvencionados".

La tercera "vía de financiación fraudulenta" era "la cesión en usufructo de locales de su propiedad" a la mercantil Soralpe, de la que UGT-A era socio único,"mediante contratos entre dichas empresas", con lo que se obtenían fondos con cargo a subvenciones "mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación que no generaban realmente un gasto".

El magistrado considera que, "en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor" del secretario general de Administración, "que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica", una labor en la que además "contaba con el apoyo directo" de Fernández Sevilla, la secretaria de Gestión Económica y la responsable del Departamento de Compras.

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