El presidente Sánchez causó ayer un visible malestar en los fiscales al apuntarse como un logro de su Ejecutivo la posible extradición de Puigdemont. La Fiscalía General del Estado, cuya cabeza designa el Gobierno, aunque no tiene capacidad para removerla durante su mandato salvo situación grave, defendió su "autonomía funcional" en un escueto comunicado con el que deja patente la irritación de los fiscales. El episodio desató un aluvión de críticas sobre Sánchez, tanto desde el soberanismo, que ve reforzado su cuestionamiento de la separación de poderes en España, como del resto de los rivales inmersos en la carrera electoral ante las urnas del domingo.
La extradición del expresidente de la Generalitat huido a Bélgica es un proceso de final todavía muy incierto, pero, en cualquier caso, largo. Después de que el juez Llarena reactivara, tras la sentencia de la causa del proceso secesionista, la euroorden para traer a Puigdemont de vuelta a España, el abogado del expresidente catalán consiguió un aplazamiento y la primera vista en Bélgica está programada para mediados de diciembre. Aunque la fiscalía belga se muestra partidaria de extraditarlo por los delitos de sedición y malversación, el procedimiento legal puede dilatarse durante varios meses, a tenor de los plazos que marca la justicia belga. Las manifestaciones de Sánchez amenazan con complicar este proceso si los magistrados encargados de resolver sobre la situación del expresidente aprecian algún tipo de contaminación política en la causa contra él.
Después de afirmar en el debate electoral del lunes que el Gobierno está volcado en sacar a Puigdemont de su refugio en Waterloo, Pedro Sánchez insistió ayer en ese empeño del Ejecutivo. En una entrevista en RNE, al cuestionar el entrevistador que eso estuviera al alcance de su Gobierno, Sánchez lanzó la pregunta retórica de "la Fiscalía, ¿de quién depende?". Y se autorrespondió con un "pues ya está" con el que remarcó la subordinación del ministerio público.
La insinuación del jefe del Ejecutivo en funciones provocó un "profundo malestar" en las asociaciones de fiscales, para las que el ministerio público "no recibe órdenes" de la Moncloa. La Asociación de Fiscales considera que las palabras de Sánchez muestran el "tremendo desconocimiento del presidente", algo que también comparte la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ."El ministerio fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes a la Fiscal General, que quede claro", manifestaba la Unión Progresista de Fiscales. La contestación más oficial llegó a través de un comunicado de la Fiscalía General del Estado, quien a instancias de los fiscales del Tribunal Supremo, matizó que el ministerio público actúa con "autonomía funcional" en causas como la del proceso soberanista y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad.
En el ámbito político, las primeras réplicas a Sánchez llegaron desde el independentismo, a las que más tarde se sumarían las de Casado, Iglesias y Rivera ."Es un escándalo permanente", afirmó el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Puigdemont, cuyo padre falleció ayer, reprochó al jefe del Ejecutivo su "metedura de pata" y negó ser un "prófugo de la justicia".
La Fiscalía de Barcelona investigará a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, por su manifestación de que los disturbios de Barcelona "hacen visible el conflicto" catalán en el mundo. Societat Civil Catalana presentó una denuncia contra Paluzie ante lo que considera apología de la violencia.
