La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, testigo privilegiado de la exhumación de Franco, apuesta por reformar el Código Penal para castigar la apología del franquismo, tras superarse la "anomalía democrática" que suponía mantener al dictador en un mausoleo público junto a sus víctimas.
Delgado mantiene la reserva respecto a lo que presenció y escuchó en la basílica del Valle de los Caídos, pero tiene claro que el acto del jueves "sitúa a España en una posición muy homologable al resto del mundo, de Europa, donde no se han permitido estos mausoleos de enaltecimiento y exaltación" de las dictaduras.
No obstante, mientras que en países como Alemania, Italia o Francia la exaltación del nazismo o el fascismo tiene respuesta penal, el Código Penal español se ciñe al delito de odio, que requiere una incitación a la violencia y obliga a buscar un equilibrio que garantice el derecho a la libertad de expresión.
"Yo sí creo que sería bueno una reforma del Código Penal", afirma la Ministra, después de que decenas de nostálgicos del franquismo se concentraran el jueves junto al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde fue enterrado el dictador, para despedirle con el brazo en alto y vivas al caudillo.
Delgado recalca que no participó en el acto como representante del Gobierno, sino como notaria, como "fedataria pública", para dar fe y dejar constancia en un acta de todos los pasos de una jornada histórica.
Primo de Rivera
Sobre el hecho de que en el Valle también esté enterrado el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, explica: "Es una víctima de la guerra, eso es incuestionable, lo que quizá sea más cuestionable es que esté en una posición preeminente. Es una víctima y es una víctima más y debería estar al mismo nivel que otras víctimas".
En un acto político ayer en Leganés, la Ministra anunció que la Dirección General de Memoria Histórica del Gobierno cuenta con un plan estratégico para proceder a la apertura de las fosas de las víctimas del franquismo.
Dolores Delgado calcula que la apertura de todas las fosas y cunetas de las víctimas del franquismo -tarea que a su juicio debe asumir el Estado- podría prolongarse durante un plazo de seis años.
