Pedro Sánchez no quiere llegar al "extremo" de tener que aplicar el artículo 155 en Cataluña, pero ayer aclaró que si se viera obligado a hacerlo, no supondrá "ningún problema" que el Ejecutivo se encuentre en funciones. Por lo pronto, el Gobierno se dispone a impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) las resoluciones que el Parlament aprobó la semana pasada pidiendo la salida de la Guardia Civil de Cataluña, una respuesta institucional a la sentencia del procés y un acuerdo por la amnistía y la autodeterminación.

Pero, además, el presidente del Gobierno anunció en una entrevista en la cadena Ser que enviará un "requerimiento" a la Mesa del Parlament por promover resoluciones políticas que profundizan en la "fractura" de la sociedad catalana.

El Gobierno pedirá al TC que notifique formalmente al presidente y a los miembros de la Mesa del Parlament su deber de abstenerse de tramitar cualquier nueva iniciativa que ponga en cuestión elementos ya anulados previamente por la corte de garantías.

"Nosotros no amenazamos, advertimos, por eso pido a los independentistas que no jueguen con fuego, que condenen cualquier actividad violenta", afirmó ayer Sánchez en su más nítida advertencia al secesionismo: si vuelven a situarse fuera de la legalidad, su Gobierno no dudará en adoptar "medidas extraordinarias".

Así, si en las próximas semanas o meses el Ejecutivo se ve obligado a adoptar esas medidas, en aplicación del principio de "firmeza democrática", buscará la "unidad" de los partidos y garantizará que la respuesta sea proporcional al hecho que la provoca. "No somos un Gobierno que quiera exagerar la situación ni echar más gasolina al fuego", precisó.

El líder del PP, Pablo Casado, no juzgó "creíble" que Sánchez se "envuelva en la bandera de España", abriéndose a la posibilidad de aplicar el 155, porque hay que pasar del "mitin a la acción" y aplicar ya la ley de Seguridad Nacional.