El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont fracasó ayer en su intento de convertirse en eurodiputado sin desplazarse a Madrid para acatar la Constitución presencialmente en el Congreso de los Diputados como es preceptivo. Ni Puigdemont ni el exconsejero Antoni Comín, ambos de JxC, se desplazaron a la capital española, donde habrían sido detenidos en aplicación de la orden que pesa contra ellos y que el Tribunal Supremo rechazó levantar el pasado sábado. Tampoco compareció en el Congreso el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, a quien el viernes le fue denegado por el Supremo el permiso para salir de la cárcel.
En consecuencia, la Junta Electoral Central (JEC) dejó provisionalmente vacantes esos tres escaños y acreditó a 50 de los 54 eurodiputados electos. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, desplazado a Bruselas, tampoco fue acreditado y ha sido convocado el jueves para que prometa o jure la Constitución.
La JEC dio por buenas las fórmulas heterodoxas de acatamiento utilizadas por once electos, aunque tuvo dudas respecto a la de Diana Riba (ERC), quien invocó "el derecho de autodeterminación" y pidió la "libertad de los presos políticos" y "el retorno de los exiliados" antes de prometer.
El parlamentario de EH Bildu, Pernando Barrena, acató "hasta la consecución de la república vasca", en euskera y luego en castellano, y Miguel Urbán, de Unidas Podemos, cerró con un "omnia sunt comunia", expresión latina que significa "todo es de todos".
El abogado de Puigdemont y Comín, Gonzalo Boye, sí estuvo presente en el acto, con la intención de entregar a la JEC una documentación -"válida en Bélgica", dijo- que daría fe de que ambos habían acatado la Constitución en Bruselas. Los servicios de la Cámara impidieron la entrega, sugirieron a Boye que entregue los papeles en el registro de la JEC y le señalaron que no estaba acreditado para permanecer en el Congreso. Se estima posible que la JEC estudie esa documentación el próximo jueves.
