La Junta Electoral Central (JEC) acordó ayer excluir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí de las elecciones europeas del 26 de mayo, a las que concurren en las listas de Junts per Catalunya (JxC).

Así figura en la resolución emitida por la JEC, en respuesta a los recursos presentados por el PP y Cs contra la inclusión de Puigdemont, Comín y Ponsatí -huidos de la justicia española tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017- en la candidatura de JxC a la Eurocámara.

La JEC considera que Puigdemont incurre en una "burla" a la ley cuando pretende concurrir a las elecciones europeas estando huido de la justicia y situado "extramuros" del ordenamiento jurídico español.

La candidatura, argumenta, pretende incurrir en un "fraude de ley" porque al socaire de esa lista electoral se busca un fin contrario al ordenamiento jurídico, como es establecer "privilegios" para aquellos que han sido declarados en rebeldía.

"Nos encontramos con que quienes están extramuros del ordenamiento jurídico español y de la acción de la justicia se colocan voluntariamente en una situación de burla de otra obligación esencial con trascendencia en la ordenación del proceso electoral y pretenden obtener así un beneficio", denuncia.

Para la JEC, los tres candidatos incumplen la normativa electoral: pretenden concurrir en el proceso electoral cuando es "notorio" que no son residentes en las localidades donde están empadronados, sino que desde hace dos años están fuera del territorio nacional "para evadir la acción de la justicia".

La decisión, sin embargo, ha abierto un cisma en la JEC, ya que ha contado con cuatro votos particulares, entre ellos el del presidente de la JEC, Segundo Menéndez, quienes, pese a reconocer que para ser elegido es condición indispensable ser elector, consideran que la situación de "rebeldía penal" no está incluida como causa de inelegibilidad "sin que resulte posible una interpretación extensiva".

Desde Bruselas, JxC anunció que emprenderá acciones jurídicas contra la JEC. En una nota firmada por Puigdemont, Ponsatí y Comín, el partido asegura que no se "resignarán" a aceptar la resolución de la JEC que, consideran, "contradice la legislación española y europea" y viola un pilar básico del sistema democrático en la tradición española cuando se trata de independentistas.

Canadá veta a Puigdemont

Por otro lado, la principal asociación soberanista de Quebec, la Sociedad San Juan Bautista (SSJB), denunció ayer que las autoridades de Canadá denegaron la entrada al país a Carles Puigdemont a principios de este mes.

Según la SSJB, el 31 de marzo, la víspera de la fecha en la que el ex president iba a viajar al país, las autoridades canadienses revocaron "arbitrariamente" la autorización electrónica de viaje (eTa) de Puigdemont.

La eTa es un documento que Canadá requiere a los ciudadanos de medio centenar de países que no precisan visado para entrar en el país y que llegan por vía aérea.

Canadá puede rechazar la concesión de la eTa por actividades delictivas o que atentan a la seguridad. Pero el Ministerio de Inmigración se escuda en la privacidad para no revelar las razones de su veto a la entrada de Puigdemont.

Con todo, el presidente de SSJB, Maxime Laporte, cree "absolutamente vergonzoso que Canadá sea de nuevo el cómplice del autoritarismo español".