Galicia le pone deberes al nuevo Gobierno

AVE, AP-9, Corredor Atlántico, Ence, sanidad. Galicia ha sido fuente en los últimos tiempos de varios temas que han accedido a la agenda política en versión propia, en un momentum político fuertemente condicionado por una moción de censura que se llevó por delante el Gobierno de Rajoy, por la resurrección de Pedro Sánchez al frente del PSOE y el ascenso de Pablo Casado en el PP, por la madurez sobrevenida a Ciudadanos y Podemos más el fenómeno Vox y por la omnipresencia de Cataluña en todos los debates que tenían incluida la variable territorial. Sin esos ingredientes es difícil comprender la posición de los gallegos en el tablero y por qué, en la mayoría de ocasiones, han visto cómo sus demandas se deslizaban por las hojas del calendario hasta quedar en barbecho por la convocatoria de elecciones.

Infraestructuras: las primeras en la lista

La obra pública absorbe la mayoría de "patatas calientes" que Galicia ha dejado para el nuevo inquilino de La Moncloa. En cabeza figura la ansiada llegada del AVE. Las obras de la conexión con la Meseta se prevé que finalicen en el último trimestre de 2019; el corolario a una década de atrasos y complicaciones. El público, sin embargo, tendrá que esperar unos meses más para subirse a la Alta Velocidad como consecuencia del periodo de pruebas, 27 años después de que se estrenara la primera línea AVE en España (Madrid-Sevilla).

Además, alrededor del trazado orbitan otros proyectos. Uno de ellos, la variante por Cerdedo -el eje que conectará Vigo directamente con la Meseta, sin necesidad de pasar por Santiago-, se encuentra todavía en fase muy incipiente y de momento se sabe que Adif ya ha licitado por 1,8 millones un estudio hidrogeológico que se realizará en 36 meses. El otro es la variante exterior de Ourense, un proyecto de alrededor de 475 millones de euros puesto en cuestión en su día por el exministro Íñigo de la Serna, cuya demora obligará a que el AVE acceda a la ciudad por las antiguas vías. Sin ceñirse a la Alta Velocidad, la electrificación de la vía Ourense-Lugo y la adecuación del trazado entre A Coruña y Ferrol también fueron proyectos anunciados en el pasado.

También en el apartado ferroviario, la inclusión del noroeste en el Corredor Atlántico de mercancías-uno de los grandes ejes en la red transeuropea de transporte- ocupará a buen seguro mucho espacio en las relaciones entre el Gobierno y Galicia. Hasta el momento distan de ser cordiales. El Ministerio de Fomento ha reconocido que todavía no cuenta con un Plan Director y que apenas ha perfilado unas "líneas de actuación" que la Xunta rebaja a power point. El documento es clave no solo porque debe detallar cada una de las inversiones, como la modernización de la línea Vigo-Ourense-León, sino porque abona el terreno para que el Gobierno -como único interlocutor válido- negocie en Bruselas el reparto de fondos comunitarios. La nota agridulce del proyecto, que ha unido al noroeste en un frente político, la da la salida sur que uniría Vigo y Oporto: Europa no la incluyó en la red básica aunque sí como red global, al tratarse de un proyecto transfronterizo. Con todo, podrá optar hsata un 50% de fondos.

En cuanto a las carreteras, la transferencia de la AP-9 sigue siendo un ariete en las reivindicaciones de Galicia. Aprobada por unanimidad hasta en tres ocasiones en el Parlamento de Galicia, las dudas envuelven la transferencia. No ya porque la última proposición de ley tramitada en el Congreso quedó en agua de borrajas por la disolución de las Cortes -será necesario un cuarto intento-, sino por una unidad de acción política que en Galicia se resquebraja. En los últimos días, y mientras Casado afilaba su discurso recentralizador, Alberto Núñez Feijóo pasó de considerar una "discriminación injustificable" la cesión de autopistas a Euskadi a enfriar la demanda.

La política de precios de la Autopista del Atlántico también es un nudo de fricciones. Pese a que la Xunta condiciona el traspaso a que el Estado asuma 1.400 millones en peajes, ni siquiera se ha logrado suprimir el peaje de Redondela, una promesa del PP, que el actual equipo de Fomento ha relegado a un limbo sin fecha. En una situación similar se encuentra la nueva A-52. La autovía Vigo-Porriño que aliviaría el tráfico del Alto de Puxeiros (Mos) carece de un calendario estable de plazos.

La finalización de la autopista A-54 (Santiago-Lugo), concebida para disminuir, el tráfico en el Xacobeo 2021, y los proyectos de la A-54 (Ourense-Lugo) y la A-76 (Autovía de la Ribeira Sacra) redondean una lista de peticiones que podría cerrar la situación financiera de los puertos. La condonación de 350 millones de deuda al puerto de Valencia generó un agravio comparativo con el muelle de A Coruña, que reclamó un trato similar por un pasivo de 200 millones.

Economía: más fondos y temor por la industria

Galicia mantiene otros frentes con Hacienda y los ministerios económicos. Recientemente, el más sonoro ha sido la petición de invertir en sanidad o educación el superávit del 2018, una cantidad que la Xunta estima en 125 millones y que el Gobierno ha situado en 104. Pero no es el único. Feijóo levantó el hacha de guerra por otros 700 millones que por su cálculos la administración central adeuda a la autonomía, entre los que se encuentran 200 millones correspondientes a una mensualidad del IVA, 330 millones de entregas a cuenta no recibidas y 170 millones por la liquidación de ejercicios anteriores.

El litigio coincidió en el tiempo con el de Ence. El giro del Gobierno a favor de tumbar por la vía judicial la prórroga que el Gobierno de Rajoy concedió la pastera de Lourizán hsata 2073 ha encendido alarmas que recuerdan a otros golpes industriales, como el cierre de la central térmica de Meirama, la fragilidad de Vulcano o el ERE de Bosch. Y lo mismo ocurre con Alcoa. El cierre de su factoría en A Coruña y las amenazas que se ciernen sobre la de San Cibrao espoleó un conflicto por la industria electrointensiva que está lejos de estar cerrado. El estatuto planteado por el Gobierno con medidas para abaratar la energía no ha terminado de convencer y otras empresas como Ferroatlántica han explorado la reducción de sus plantillas.

En el plano de las reformas, el nuevo Gobierno podrá recoger una reforma de la financiación autonómica que está en punto muerto desde hace años; un melón al que nadie parece querer enfrentarse y en el que Galicia se juega que la "sangría" demográfica tenga un mayor protagonismo a la hora de repartir fondos. Igual de estancada está la reforma de la financiación local.

Sanidad: se buscan salidas a la falta de personal

El conflicto que se vive en la sanidad gallega también tiene ecos en Madrid. Uno de ellos es la convocatoria extraordinaria de médicos MIR para suplir la falta de profesionales en los centros. La Xunta formuló la propuesta al Ministerio de Sanidad pero cayó en saco roto. En cambio, el departamento de María Luisa Carcedo planteó un contrato de dos años para los residentes que terminen su formación -en Galicia se ofertan hasta 3-, la rotación de MIR de algunas especialidades por centros de salud o un reajuste en los cupos para evitar la sobrecarga asistencial.

Por otro lado, Galicia espera que se agilice la acreditación de médicos con título obtenido en el extranjero para mejorar la cobertura de las plazas vacantes en el Sergas.

Dependencia: el equilibrio de la financiación, pendiente

Llamado a ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar, Galicia aspira -como otras autonomías- a reconducir la financiación asociada al sistema, que ya ha rebasado el umbral de los 60.000 atendidos. La ley de dependencia aprobada en 2006 establece que el Estado abonaría la mitad de los recursos para sostener las prestaciones, mientras que las comunidades sufragarían la otra mitad. En la actualidad, y a pesar de que Galicia está a la cola en aportaciones, la proporción es de 75-25 a favor de las arcas autonómicas.

El "fantasma" de la recentralización contamina el debate político gallego

• La cuestión territorial impregna el debate político a nivel nacional, pero también a nivel autonómico. La llegada de Pablo Casado al primer despacho de la calle Génova y el ascenso de Vox, empeñado en capitalizar el descontento por la cuestión catalana, han introducido una corriente a favor de devolver competencias al Estado prácticamente inédita en las últimas décadas. En Galicia, la polémica más reciente remite a la diferencia entre "transferencias constitucionales" y transferencias "para romper España" trazada por Feijóo el pasado miércoles, a raíz del traspaso de la AP-9. Pero una de las que más fuerza cobró fue la que ponía en duda la necesidad de acreditar el conocimiento del gallego para acceder a un puesto en la función pública. Todo se inició con la propuesta del PP de obligar a que el castellano sea vehicular en la administración y a garantizar que las lenguas cooficiales, en lugar de ser un "requisito excluyente", sean un "mérito" para ser funcionario. Pese a que en un primer momento la Xunta aseguró que la ley iba dirigida a las comunidades gobernadas por el nacionalismo, en más de una ocasión Alberto Núñez Feijóo fue cuestionado, dentro y fuera de Galicia, por si avalaba la iniciativa de Casado. Su respuesta habitual es que, en el caso concreto de la sanidad, el gallego es un factor que computa pero no excluye a quienes quieran optar a una plaza en el Sergas.No era la primera vez que el presidente del Ejecutivo autonómico tenía que dar explicaciones por una iniciativa del líder de su partido. El pasado mes de noviembre, Casado planteó una reforma para recentralizar las competencias educativas, relegando el papel de las autonomías a la provisión de profesores, mientras el Estado se encargaría de la convocatoria de una selectividad común o la implantación del modelo MIR en el profesorado. Desde la Xunta, Feijóo aseguró simplemente que Galicia seguiría ejerciendo "con lealtad" las competencias asignadas en el Estatuto de autonomía y la Constitución. Entretanto, en el Parlamento autonómico el debate de las transferencias también ha sido recurrente. Después de que el PP avalara la equiparación de competencias de Galicia con el País Vasco, la oposición propuso reclamar las transferencias de Tráfico y Salvamento, que no llegaron a recibir el voto favorable de los populares.

El recorte de 1.140 millones de la UE, en el aire hasta casi 2020

• Galicia sigue muy pendiente del reparto de fondos de la UE correspondientes al periodo 2021-2027. Después de que en un primer momento la Comisión Europea valorara recortar hasta en 1.140 millones los fondos consignados a la Comunidad, la Eurocamára aprobó el pasado mes febrero una enmienda para garantizar "el mismo nivel" de financiación en todas aquellas comunidades que, como Galicia o Asturias, pasaban a ser consideradas zonas en desarrollo, en lugar de en transición. Ése compromiso volvió a ser ratificado en marzo y se convirtió en un mandato negociar -con carácter vinculante- para todos los eurodiputados que tomen posesión de su acta tras las elecciones del 26 de mayo. El acuerdo final, con todo, tendrá que ser adoptado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, pero no parece que eso vaya a ser posible a corto plazo. La constitución de la nueva Cámara comunitario obligará a a retrasar el debate al menos hasta finales del 2019.Según los cálculos del Gobierno gallego, el cambio implantado en el reparto de Fondos de Desarrollo Regional (Feder) y de Cohesión -anclado en el PIB per cápita pero también en variables como el paro juvenil, el nivel educativo o el cambio climático- implicaría que Galicia pasara a recibir 1.629 millones de euros, muy lejos de los 2.770 millones que ha venido percibiendo en el actual periodo presupuestario.