El relato de violencia en que la Fiscalía sustenta la acusación de rebelión sumó ayer un nuevo escenario: el Departamento de Exteriores, donde, durante un registro judicial practicado el 20 de septiembre de 2017, se vivió un ambiente "muy agresivo". Así lo describió un sargento de la Guardia Civil que presenció los hechos y que trasladó al tribunal la impresión de "terror total" del entonces responsable de Tecnología del departamento, Xavier Puig Farré, cuando ya lo llevaban detenido. "No daba crédito a lo que estaba viviendo y lo único que decía era: 'Por favor, sáquenme de aquí'", narró el testigo.
El sargento, tercero de los cuatro guardias civiles que testificó ayer -sin que la imagen de ninguno fuera difundida-, relató que los "200 o 300" concentrados en el exterior de la sede intentaron incluso "sustraer" al detenido, en un clima de "rabia descontrolada", amenazas de muerte, insultos y una "lluvia de golpes" sobre los coches del Instituto Armado.
"Querían sustraer al detenido de la cápsula de seguridad de los guardias civiles que se lo estaban llevando, lo agarraban del cuello y la ropa, se produjeron forcejeos", narró el agente con gran lujo de detalles: "Daban golpes en el vehículo tan grandes que llegaron a causar daños graves, rompieron la ventanilla".
Y antes, durante el operativo para evacuar a la secretaria judicial que dirigía el registro, también se vivieron escenas de tensión: "Los manifestantes zarandeaban el vehículo, la secretaria judicial empezó a llorar, estaba horrorizada".
En otro momento dijo que vio pasar dos coches camuflados de alta gama, en uno de los cuales viajaba la acusada Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlament, y que sacaba la mano por la ventanilla "para agitar a la masa". Su abogada, Olga Arderiu, lo negó taxativamente.
Otro de los guardias civiles que declararon aseguró que cinco departamentos del Govern encargaron a Unipost -empresa con la que había suscrito un contrato marco- 5,3 millones de tarjetas censales y 56.000 certificaciones para mesas electorales. Y que eso se sabe con certeza porque hay cinco notas de entrega con el sello de cada una de las consejerías (Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales). Esas peticiones de entrega, al entrar en el sistema de contabilidad de Unipost, generaron sus correspondientes facturas, cuatro de las cuales quedaron en suspenso, aunque la de Trabajo se intentó cobrar dos veces.
El mismo testigo declaró que Diplocat pagó el viaje y la estancia en Barcelona a parlamentarios y exparlamentarios para que ejercieran de observadores internacionales en el referéndum. "Se les pidió que primero se acreditaran en la sindicatura electoral para poder entrar en los colegios y hacer labor de observación", explicó el guardia civil. Y en un caso, al menos, el gasto lo pagó "la delegación del Gobierno ante la Unión Europea en representación de la Generalitat".
Por la mañana, el ex alto cargo de Hacienda Felipe Martínez Rico admitió que el Govern pudo burlar el control que se le impuso en 2017. La certificación de gastos no tenía por qué ser "la realidad material de los hechos". Estos sistemas "llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen", reconoció el testigo.
