Ciudadanos intenta bloquear el decreto ley del Gobierno que amplía el permiso de paternidad al cuestionar su constitucionalidad. A instancias del vicepresidente de la Cámara, Ignacio Prendes, la Mesa del Congreso pospuso hasta hoy, a la espera de un informe de los letrados, la decisión de tramitar el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de marzo. Prendes achaca al Ejecutivo la pretensión de "limitar y usurpar las funciones del Congreso"y considera un "atropello el uso partidista y electoralista" de los decretos leyes.
PP y Ciudadanos quieren frenar las iniciativas legislativas del Gobierno y acabar con los denominados "viernes sociales". La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya criticó el procedimiento de urgencia a que recurre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y acusó a los socialistas de ir "dopados" a las elecciones. PP y Ciudadanos, que tienen mayoría en el órgano de control de la Cámara, acordaron pedir un informe a los letrados del Congreso sobre la fórmula a seguir para tramitar los decretos una vez disueltas las Cortes y al no haber ya comisiones parlamentarias.
El informe sometido ayer a los cinco integrantes de la Mesa avala la posibilidad de introducir enmiendas en el contenido de los decretos leyes, aunque en plazos más cortos. Podría recurrirse a este procedimiento hasta el 20 de mayo, un día antes de que se formen las nuevas Cortes. El Gobierno no estará en funciones hasta después de las elecciones del 20 de abril.
Prendes cuestionó entonces la constitucionalidad del decreto ley que amplía el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas este año, a doce semanas el próximo y a dieciséis en 2021. El diputado de Ciudadanos considera que hay una posible inconstitucionalidad en esa iniciativa del Ejecutivo, que en su artículo 1 modifica la Ley Orgánica para la igualdad, que no puede ser reformada por otra legislación de menor rango.
La nueva normativa aprobada por el Gobierno, todavía pendiente de ser convalidada en la Diputación Permanente del Congreso, modifica dos artículos de esta ley orgánica e incluye una nueva disposición transitoria. Prendes considera que, según establece la propia Constitución, la modificación de una ley orgánica exige una mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, y no podría ser reformada mediante decreto ley. Invoca en favor de su argumento la sentencia del Tribunal Constitucional 60/1986 del 20 mayo sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los letrados del Congreso, sin embargo, señalaron ayer, hasta en tres ocasiones, en la reunión de la Mesa que a "primera vista" no existe "flagrante o palmaria" inconstitucionalidad, según Efe. Pese a ello, el PP, como acostumbra cuando lo pide alguno de los miembros, accedió a la petición de Prendes de encargar un informe jurídico, que hoy se conocerá.
El vicepresidente de la Cámara asegura que se trata de una cuestión de carácter "técnico y jurídico, no político" para defender la función legislativa del Congreso. El diputado de Cs reconoce que la no admisión del decreto crearía una situación inédita en el parlamentarismo español: la norma no se daría por convalidada y no podría entrar en vigor el 1 de abril.
La posición de Ciudadanos desató las críticas del PSOE y Podemos. El secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, reprochó a Prendes un obstruccionismo que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación. Los artículos de la Ley Orgánica de Igualdad que retoca el decreto del Gobierno se refieren al contenido ordinario de la norma, nunca al orgánico, precisó Simancas.
El PP prepara llevar al Constitucional los decretos leyes del Gobierno, cuya urgencia considera no justificada. También pedirá que el tribunal de garantías se pronuncie sobre las ruedas de prensa del Ejecutivo.
