La declaración de Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), logró ayer, como poco, sembrar dudas sobre el relato de violencia con que la Fiscalía sostiene la acusación de rebelión contra él y Jordi Cuixart, como instigadores de una concentración "tumultuaria" ante la sede de un departamento del Govern 10 días antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell son los dos únicos acusados que quedan por declarar ante el tribunal del juicio del "procés". Ambos lo harán a partir de las 09.30 horas del martes, lo que, a su vez, retrasará las testificales que ese mismo día iba a protagonizar, entre otros, Mariano Rajoy.
El interrogatorio de Sànchez, en prisión desde el 16 de octubre de 2017 ("más de 500 días", precisó el acusado), se centró en los hechos del 20 de septiembre de 2017, cuando más de 50.000 personas se concentraron ante la sede del Departamento de Economía y aledaños (el cruce entre Rambla de Cataluña y la Gran Vía) "en protesta", según Sànchez, por un registro para desmantelar la logística del referéndum que llevaba a cabo una comitiva judicial acompañada de agentes de la Guardia Civil.
Ya aquí empiezan a diferir radicalmente los relatos que el acusador público y el acusado mantienen, pues mientras para el primero se trata de un intento de "asalto", con el añadido de la "violencia" cifrada en los daños causados a siete vehículos de la Guardia Civil (seis para Sànchez), el segundo niega la mayor. No se buscaba impedir la labor judicial, la protesta fue "pacífica" y "festiva", y aunque condenó los daños a los coches, se negó a admitir que "una movilización de 50.000 personas" pueda ser "criminalizada o penalizada" por lo que hagan "unos individuos". "No hubo riesgo para la integridad física de nadie, ni asaltos ni violencia", aseguró.
Aparte de los daños causados a los vehículos policiales por esos "pocos", Sànchez solo admitió otro reproche: que la protesta convocada a primera hora de la mañana por la ANC y Ómnium (a la que se sumaron los sindicatos CC OO y UGT) fue fruto de la "espontaneidad" y "desbordó" sus previsiones: no pensaban que pudieran acudir más de 2.000 personas.
Pasillo
Los problemas empezaron cuando se comprobó que la acumulación de manifestantes a la entrada de la Consejería no dejaba espacio para salir ni para entrar en el edificio, en cuya puerta -adujo Sànchez en su defensa- siempre estuvieron apostados agentes de la Guardia Civil sin equipo antidisturbios. El acusado reconoció que hubo momentos de "tensión por abucheos y gritos, pero no violencia ni cargas policiales". Pero, ante la dimensión que cobraba la protesta, relató al tribunal, accedió a una petición del teniente de la Guardia Civil, que estaba en el interior de la Consejería (y con el que habló varias veces a lo largo del día, así como con el grupo de mediación de los Mossos y el exconsejero Joaquim Forn, otro de los acusados en el juicio), para abrir un pasillo formado por voluntarios de la ANC por el que pudiera salir y entrar la comitiva judicial.
Más tarde se le pidió que se dirigiera a los concentrados para que se desplazaran cien metros en dirección a la Gran Vía. El fiscal Javier Zaragoza le preguntó por qué no lo hizo. Sànchez le respondió: "Yo con un megáfono no soy capaz de desmovilizar esa concentración". "¿Por qué no mandaron desconvocar?", insistió Zaragoza. Y Sànchez respondió: porque no había "motivo", no se estaba registrando incidentes (salvo los daños a los coches, repetía el fiscal), "ni la Guardia Civil quería salir". "No podía salir porque no se sentía segura", replicó el acusador. Y el acusado: "No salían porque aún estaban con el registro". El teniente le había adelantado que el trabajo de la comitiva "iba para largo".
Fue horas después cuando decidieron desconvocar, prosiguió, y lo hicieron porque la comitiva judicial iba a finalizar su tarea y porque el "compromiso" era finalizar la protesta a medianoche.
Sin embargo, según su narración, pasadas las 23.00 horas de aquel 20-S, el teniente le dijo que los agentes no abandonarían la sede de Economía por el pasillo que franqueaban voluntarios de la ANC. La razón aducida por el oficial fue que no querían dejar abandonados los vehículos porque en su interior había "armas largas". Así que, hasta que el servicio municipal de grúa, que empieza a trabajar a las 7 de la mañana, no acudió para llevarse los coches, los guardias se quedaron en el edificio.
En cuanto a la salida de la secretaria judicial, Montserrat del Toro, "por el tejado", según el Ministerio Público, Sànchez relató que podía haber salido "por la puerta", ya que "se daban todas las circunstancias, entre otras, que nadie la conocía".
