El exconsejero Jordi Turull mantuvo ayer un áspero y por momentos tenso intercambio de pareceres con el fiscal, en el primero de los dos interrogatorios de la cuarta jornada del juicio al "procés". La estrategia de defensa de Turull se alineó con la del exconsejero Joaquim Forn al combinar alegato político y razón jurídica, pero no se movió de la base de que no hubo delito.
Según su versión de los hechos, el Govern intentó negociar "hasta el último minuto" para que el referéndum fuera "pactado". La declaración de independencia fue una "expresión de voluntad política". La violencia nunca se concibió como método. No se gastó "ni un euro" en la consulta. Y a modo de resumen: el Govern hizo un "ejercicio de ponderación" para intentar lograr un imposible: cumplir el mandato de la justicia de impedir el referéndum y, a la vez, el "compromiso con los ciudadanos de Cataluña" de celebrar la votación.
El acusado, para el que la Fiscalía pide 16 años por rebelión agravada con malversación, empezó por reprochar al fiscal Jaime Moreno algunas "expresiones" oídas en las sesiones precedentes que en su opinión constituyen "una falta de respeto a los ciudadanos de Cataluña". "Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas ni están militarizados, tienen criterio", defendió. (Después pronunció otra de las frases del día, ésta para ilustrar al tribunal sobre el carácter cívico y pacífico del movimiento independentista: "Somos el país de Pau Casals".)
Con todo, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, tuvo que llamarle la atención por deslizar en sus respuestas "juicios de valor" sobre las preguntas del acusador público. Lo hizo cinco veces. Pero Turull no fue ayer el único reprendido. Marchena también reconvino a la abogada del Estado, Rosa María Seoane, por sus largas preguntas ("hágalas que puedan ser memorizadas", le pidió, impaciente). Y recriminó asimismo al defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, por interrumpir el interrogatorio.
En su declaración, si bien sin llegar a considerarse un "preso político" sometido "a un juicio político" (como la semana pasada Junqueras y ayer Romeva, el siguiente en declarar), el exportavoz del Govern fue muy explícito en sus críticas a la justicia y, sobremanera, al Tribunal Constitucional: "Esto de ponerte el traje de constitucionalista penalmente debe de ser un chollo, porque te permite incumplir la Constitución cuando te dé la gana. Pero, si eres independentista, por una providencia del TC, no una resolución fundamentada, yo llevo un año en la cárcel. Después dirán: 'No les perseguimos por sus ideas'. No, ya lo veo", ironizó.
Turull no rechazó ninguna pregunta, pero no pudo evitar que a veces sus respuestas (siempre en castellano) resultaran inverosímiles. Así cuando, en el turno de Seoane, se le recordó que el día del referéndum del 1 de octubre, él mismo anunció la creación del censo universal. No tuvo empacho en mostrar una ignorancia absoluta acerca de su elaboración o de su responsable técnico. Se limitó a decir que no había sido Presidencia, su departamento: "No sé desde dónde se hizo el censo universal". Y se valió de esta pretendida ignorancia en varios otros momentos, como cuando afirmó no saber de dónde salieron las urnas: "Aún a día de hoy no sé cómo se adquirieron ni cómo llegaron a su destino".
Eso sí, no tuvo ningún reparo en presentar el censo universal como la fórmula escogida por el Govern para "ponderar" cómo debía proceder, es decir, para dejar votar y, al mismo tiempo, cumplir el mandato de la magistrada del TSJC Mercedes Armas que prohibía hacerlo. "Un político tiene que ponderarlo todo. Todas las leyes. Que el Govern se debe por ley al Parlament, que el Congreso despenalizó la convocatoria de referéndums, que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia y nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña. Nosotros, ponderándolo todo, es como fuimos actuando", declaró Turull.
También se empleó a fondo para negar que se gastara "ni un euro" de dinero público en la organización y celebración del 1-O o en la publicidad institucional, que fue "gratuita". El fiscal exhibió unas facturas emitidas por TV3 y Catalunya Radio (medios públicos), pero Turull dijo que "no se han pagado ni se van a pagar". Y lo mismo dijo de las de Unipost, empresa que proporcionó todo el material electoral para la consulta. Era "imposible" que el Govern costeara un referéndum ilegal porque tenía las cuentas intervenidas por Hacienda, y de un modo, según Turull, "surrealista", porque llegaron a preguntar "si a través del banco de tejidos y sangre se estaba destinando dinero al referéndum".
Negó también que se alentara la violencia. Hubiera sido una "operación fracaso", afirmó. En cambio, la violencia que emplearon las fuerzas policiales del Estado fue "desproporcionada, no, lo siguiente".
El también exconsejero Raül Romeva declaró después, pero como, en línea con Oriol Junqueras, solo respondió a su letrado -que ambos comparten-, su interrogatorio se convirtió en una conferencia sobre el derecho de autodeterminación, "que ha evolucionado e incorporado nuevos supuestos". Romeva dijo de la DUI que fue "una declaración política para gestionar mediante una negociación multilateral" y proclamó que "manifestarse no es alzarse, protestar no es un tumulto y opinar no es delito". El juez Marchena no le interrumpió ni una sola vez.
