El expresidente de la Generalitat Artur Mas estará inhabilitado para ejercer cargos de representación pública hasta el 23 de febrero de 2020 en cumplimiento de la condena firme por desobediencia por organizar el 9N, por la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también le requiere el pago de una multa de 36.000 euros.
En un auto de ejecución de condena, la sala civil y penal del alto tribunal catalán establece que las penas de inhabilitación para cargo público impuestas a Mas y a las exconselleras Joana Ortega -nueve meses- e Irene Rigau -seis meses- empezaron a contar desde el pasado 23 de enero, cuando se dictó la sentencia firme del Tribunal Supremo.
Mas asegura que la vuelta a la política no figura entre sus prioridades personales, aunque se muestra dispuesto a mantener su colaboración con el proyecto soberanista.
