El Gobierno intenta salvar al cerco de la cuestión catalana a su gestión llevando al Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre algunas de sus propuestas "estrella" en materia social. De la reunión en la capital catalana saldrá el decreto para incrementar el salario mínimo a 900 euros a partir del 1 de enero, una forma de mostrar que el Ejecutivo mantiene su agenda propia más allá del monotema catalán.
El Gobierno recurrirá también a la fórmula del real decreto para la revalorización de las pensiones si, como parece, no sigue adelante el anteproyecto de presupuestos generales del Estado ahora en tramitación. La directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), Gloria Redondo reconocía ayer, en declaraciones a Efe, que el INSS ya tiene preparada la aplicación informática para la revalorización y sólo necesita el soporte legal para aplicarla. La Ley de Presupuestos de 2018 incluye una previsión de subida de las pensiones contributivas del 1,6 % para 2019. Además de esa subida general de las pensiones, la Seguridad Social tiene ya diseñado el modelo para aplicar la misma subida a las pensiones no contributivas e incrementar un 3 por ciento las pensiones mínimas. Los fondos para cubrir los incrementos de las pensiones procederán del previsible aumento de las cotizaciones, por aumento de cotizantes y la subida de salario. La disposición del Ejecutivo a desgajar estas medidas del paquete presupuestario revela su escasa confianza en que las cuentas para el nuevo ejercicio salgan adelante.
