El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de reforma constitucional para limitar los aforamientos de ministros, diputados y senadores a los supuestos delitos "cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo", lo que exigiría cambiar los artículos 73 y 102 de la Carta Magna. Una eventual restricción del aforamiento de los cargos autonómicos dependería de las instituciones de cada comunidad autónoma.
La reforma, que sería la primera de la Constitución desde la que en 2011 inscribió en su articulado la estabilidad presupuestaria, fue anunciada en septiembre por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien fijó entonces un plazo de ejecución de 60 días que, sin embargo, ahora se extenderá a un año, según admitió en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta, Carmen Calvo. Como primer paso, el texto, que ya cuenta con el aval del Consejo de Estado, tiene que pasar a consulta del Consejo General del Poder Judicial, lo que demorará un mes su llegada al Congreso.
La modificación constitucional requiere para ser aprobada el apoyo de tres quintos de los miembros de las Cortes (210 diputados y 159 senadores), lo que hace muy complicado que salga adelante, ya que el PSOE está prácticamente solo en su defensa. El PP se opone, por su prevención a abrir la vía de las reformas constitucionales. Ciudadanos (Cs) considera insuficiente el alcance del nuevo articulado. Podemos quiere que la reforma alcance al Rey y que sea sometida a referéndum. ERC niega legitimidad a la Constitución, por lo que se siente ajena a sus cambios, mientras que el PNV ha anunciado una iniciativa propia que incluya el fin de la inviolabilidad de la figura del Rey.
En cualquier caso, Calvo anunció que Sánchez mantendrá en los próximos días una ronda de contactos con los portavoces de los grupos para buscar apoyos. Antes de que se inicie esta aproximación, llegaron ayer mismo los primeros rechazos.
El presidente del PP, Pablo Casado, calificó el anteproyecto de "globo sonda" y "cortina de humo" para esconder los "casos" de miembros del Ejecutivo o el sistema "clientelar" andaluz. Para Casado, cuyo concurso es imprescindible, pues tiene mayoría absoluta en el Senado, es innecesario "abrir en canal" la Carta Magna.
El presidente de Cs, Albert Rivera, tachó de "estafa a los españoles" que el Gobierno pretenda "blindar que los corruptos sigan siendo aforados".
