El Gobierno invitó ayer a los partidos independentistas a apoyar el proyecto de Presupuestos de 2019 para acallar el descontento social, en un último intento de desbloquear la aprobación de las cuentas aprovechando la ola de huelgas y protestas de los empleados públicos catalanes contra los recortes en la Generalitat que arrancaron en 2011, cuando Artur Mas aún era el presidente. Un malestar del que el soberanismo culpa a la falta de financiación del Estado y que ha intentado recanalizar, durante los seis años del procés, proponiendo como solución la independencia.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, fue muy clara al llamar al president Torra a escuchar a los ciudadanos y dar respuesta a sus problemas, garantizándole que los Presupuestos elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez son "buenos para Cataluña". Eso sí, después de puntualizar que "Torra y el Gobierno de Cataluña tienen que gestionar Cataluña, que para eso gobiernan y para eso los eligieron".
La "número dos" de Sánchez recordó que el Ejecutivo ha buscado normalizar las relaciones con la Generalitat con dos premisas de trabajo: "ser leales" y "trabajar por los problemas de Cataluña". Y añadió: "Nosotros estamos en esa disposición, porque es lo que importa en la política y lo que importa para cualquier gobierno".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue aún más concreta: "Por una parte acusan al Gobierno de España y al resto del Estado de no aportar recursos suficientes para Cataluña, pero, por otra, se niegan a apoyar los Presupuestos o intentan plantear cuestiones que saben que el Gobierno no va a apoyar y, por tanto, se autoexcluyen del debate".
A la vista de las movilizaciones de los últimos cuatro días, ERC y el PDeCAT "no tienen excusa" para no respaldar los Presupuestos, resumió Montero, porque "más allá de las cuestiones territoriales que ellos plantean, hay problemas y necesidades que hay que atender con urgencia".
La consejera catalana de Cultura, Laura Borràs, recuperó el argumento de la falta de recursos para justificar las protestas: "La precariedad" que denuncian los trabajadores públicos se debe a "la situación general de infrafinanciación que tiene Cataluña".
En cambio, el líder de Cs, Albert Rivera, ve en este episodio de conflictividad laboral un ejemplo del "contraste entre la Cataluña real y la Cataluña ficticia del separatismo". "La realidad es que hay listas de espera y no se ha pagado hasta ahora la paga que tenían que recuperar los funcionarios. La realidad es que las locuras separatistas han perjudicado a los catalanes más que a nadie", denunció. Los funcionarios catalanes son los únicos de España a los que aún se les adeudan las pagas extras de 2013 y 2014.
El estallido de las protestas coincide con el inicio de las negociaciones entre el Govern y los comunes para aprobar las cuentas autonómicas. Tras la primera reunión, el vicepresidente del Ejecutivo, Pere Aragonès, avanzó que el Ejecutivo puede asumir nueve de las diez exigencias del partido de Ada Colau. Pero su portavoz, Joan Mena, arremetió contra el "número dos" de JxC en el Parlament, Eduard Pujol, que la víspera desdeñó las reivindicaciones de los colectivos en huelga considerándolas "migajas".
