El Tribunal de Cuentas lleva acumuladas en lo que va de año actas de liquidación provisional con las que reclama 12,27 millones de euros a cargos y entidades por mala gestión de los recursos públicos, una cantidad que supone un incremento de casi el 50% con relación a todo el ejercicio anterior. Además de sus informes de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ejerce una función de enjuiciamiento contable con la que puede exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público. También se ejerce sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. Esta función es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, pero es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.
