La Fiscalía de Tarrasa (Barcelona) esperará a que avance la instrucción de la causa en el Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad contra el tirador detenido por presuntamente querer matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de decidir si le atribuye un delito de terrorismo y pide al juzgado de instrucción que se inhiba en la Audiencia Nacional.

Fuentes fiscales explicaron ayer a "Europa Press" que en el momento de la detención se hizo una consulta informal con el juez de guardia de la Audiencia Nacional y con los fiscales de guardia, aunque en ningún momento se trasladó el caso allí.

El caso lo lleva actualmente la fiscal especializada en odio de Tarrasa bajo la supervisión del servicio especializado en delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Barcelona, y esperarán a que avance la instrucción antes de determinar la calificación de los hechos, que ahora se investigan por delitos de conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma, delito de amenazas graves, delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos y un delito de odio.

Así, se prevé que se vuelva a citar a Manuel Murillo Sánchez, de 63 años, que fue detenido por los Mossos d'Esquadra el 19 de septiembre tras manifestar en numerosas ocasiones que quería matar a Pedro Sánchez en un chat privado de Whatsapp y encontrársele un arsenal de 16 armas de fuego en casa.

El francotirador detenido y encarcelado fue contratado como vigilante para reforzar de forma "excepcional" la vigilancia del Centro de Telecomunicaciones (CTTI) de la Generalitat días antes del 1-O y hasta las elecciones del 21-D.

Según adelantó RAC-1 y confirmó la Consellería de Políticas Digitales en un comunicado, Manuel Murillo fue requerido por la empresa privada que se encarga de la seguridad del CTTI para formar parte del equipo de refuerzo en esas fechas.

El expresidente catalán Carles Puigdemont dijo el jueves que si Murillo, hijo del último alcalde franquista de Rubí, fuera soberanista, "hubiera sido detenido ante las cámaras de televisión española, todos los partidos unionistas estarían criminalizando el independentismo y sería acusado de terrorismo".