El Gobierno estudia recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la reprobación del Rey por el Parlamento de Cataluña. Para el Ejecutivo, la resolución de la Cámara catalana resulta grave desde el punto de vista político, aunque carezca de fuerza jurídica.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció las intenciones del Ejecutivo en una conversación con periodistas durante la recepción en el Palacio Real. Calvo considera que un Parlamento autonómico no puede cuestionar la figura del jefe del Estado, que es inviolable. La reprobación es políticamente grave y "no tiene un pase" desde el punto de vista jurídico, según Calvo, quien pone en duda la capacidad de un parlamento regional para cuestionarse la forma de Estado.
El presidente Sánchez, por su parte, matizó después que lo aprobado por el Parlament se reduce a una "propuesta declarativa y sin fuerza jurídica", similar a otra proposición no de ley que salió adelante durante el mandato de Mariano Rajoy y que el Gobierno no recurrió entonces. Aunque el Ejecutivo estudiará posibles respuestas a la resolución de la Cámara catalana, Sánchez insiste en que no se cometió "ninguna irregularidad ni ilegalidad".
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont acusó ayer a Sánchez de atacar la libertad de expresión por anunciar medidas legales por la resolución del Parlament contra el Rey. "¿Desde cuándo expresar opiniones políticas que representan a una parte significativa de la población, incluso de fuera de Cataluña, que quiere vivir en una república, puede ser perseguido por el Gobierno español?, afirmó Puigdemont al término de una reunión política en su visita a las Islas Feroe.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reprocha al presidente del Gobierno que pacte un proyecto de presupuestos generales con quienes en Cataluña promueven la reprobación del Rey, en alusión a los "comunes", la confluencia de Podemos que presentó la resolución aprobada en el Parlament con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC. Rivera considera una "inconsecuencia" que Sánchez acuerde con Podemos el proyecto de presupuestos mientras los aliados de la formación morada en Cataluña promueven una resolución parlamentaria para reprobar al jefe del Estado.
Miles de personas -unas 65.000, según la Guardia Urbana, y 300.000 a tenor de la estimación de los convocantes - participaron ayer en el centro de Barcelona en una manifestación en favor de la unidad de España. Durante la marcha, encabezada por una pancarta con el lema "Barcelona, garante de la hispanidad" y plagada de banderas españolas, se escucharon consignas como "Puigdemont a prisión". A la movilización, convocada por el movimiento cívico Espanya i Catalans junto a más de un centenar de entidades, acudieron la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas; el presidente del PPC, Xavier García Albiol; y el presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, entre otros.
En otra marcha de signo contrario, unas 2.000 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestaron en el centro de la capital catalana contra el fascismo y contra el Día de la Hispanidad, festividad que, consideran, enaltece el concepto de raza.
Para desmarcarse de la celebración, el conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, convocó ayer un consejo de dirección de su departamento. Sin embargo, la agenda de la Generalitat estaba vacía de actos como cualquier festivo.
