El Ministerio del Interior ha iniciado el refuerzo del contingente policial en Cataluña con vistas a la celebración de la Diada y las movilizaciones independentistas anunciadas el martes por el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Interior enviará escalonadamente a lo largo de los próximos días a unos 600 antidisturbios. A ellos se suman los 300 guardias civiles que tenían previsto abandonar la comunidad para volver a sus destinos y cuyos traslados se han suspendido hasta el 15 de octubre.

Un día después de que Torra reclamara al Gobierno un referéndum "vinculante" y advirtiera a Pedro Sánchez que no aceptará "ninguna sentencia que no sea la libre absolución" en el juicio a los rectores del "procés" -cosa que hizo sin llamar explícitamente a la desobediencia-, el president visitó a Puigdemont en Bruselas y, compareciendo a su lado, se dijo "dispuesto" a llegar "tan lejos" como él, es decir, a "ponerse a disposición del pueblo catalán a través de sus representantes legítimos", el Parlament.

Torra puso un ejemplo: dejará en manos de la Cámara la decisión de abrir las cárceles si los líderes independentistas son condenados en el juicio que está previsto que comience este otoño. Previamente, en una entrevista radiofónica, había descartado de plano convocar elecciones anticipadas, decisión que puede tomar a partir del 27 de octubre.

Su discurso del martes generó ayer una cascada de reacciones: desde las de Cs y PP, que invitaron a Sánchez a aplicar el 155, hasta la de la CUP, que reprochó al president que llame a la movilización y acate sin "salir de la legalidad constitucional".

Desde Suecia, Sánchez instó a Torra a acatar las sentencias judiciales y le llamó a hablar con todos los catalanes, porque "está en juego la convivencia", y a afrontar el diálogo con menos "gesticulación". "La oferta del president puede satisfacer a una mitad de catalanes, pero no a la otra mitad", dijo Sánchez, haciéndose eco de una constante en las críticas a la alocución del mandatario.

Torra preside hoy la reunión de la Junta de Seguridad, en la que abordará con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la polémica por los lazos amarillos, asunto que finalmente ha accedido a tratar el Govern tras la tensión de semanas anteriores.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, afirmó que el Govern ha asumido "su responsabilidad de ir más allá de sus reivindicaciones soberanistas" y explorar las posibilidades del marco constitucional y la gestión como gobierno autonómico, "un cambio relevante tras años de exclusiva contestación de ese marco".