La demanda presentada en Bélgica por Puigdemont y los exconsejeros fugados contra el juez Pablo Llarena es un "ataque planificado" contra la independencia judicial. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amparó ayer al magistrado instructor de la causa por el proceso secesionista por considerar que la iniciativa legal en su contra intenta "sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero". El órgano de gobierno de los jueces se compromete a adoptar "todas las medidas necesarias" para garantizar la independencia de Llarena, incluidas las relativas a la integridad económica que proporciona la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que no se puede demandar de forma directa a un juez en el ejercicio de sus funciones y que el Estado asumirá eventuales indemnizaciones. El Consejo abre la puerta a que Abogacía del Estado se persone ante Bruselas al pedir a los ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española" ante los tribunales belgas.
