Gobierno y Generalitat se reunieron ayer en Barcelona en el marco de la comisión bilateral, reactivada tras siete años de parálisis para encauzar la recuperación del diálogo. El resultado fue un encuentro de cuatro horas presidido por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, quien se felicitó del tono "cordial y franco" logrado al exponerse "con normalidad las posiciones" y aseguró que el Ejecutivo tiene "un proyecto integrador" para Cataluña.
En rueda de prensa, Batet no ocultó, sin embargo, las "discrepancias importantes" sobre cuestiones relativas al procés, en particular la negociación de un referéndum de autodeterminación y la situación de los políticos secesionistas presos.
Por parte de la Generalitat, su consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, hizo un balance más pesimista, lamentando que no se mencionase "la más mínima definición o propuesta" que explique cuál es el concepto de fondo que preside el anunciado proyecto político del Gobierno para Cataluña.
No obstante, Maragall celebró que se haya establecido un calendario para que diversas comisiones y subcomisiones aborden antes de septiembre el desbloqueo de los numerosos asuntos pendientes en la relación entre ambas administraciones, entre ellos la financiación, las infraestructuras, las inversiones, los traspasos de competencias pendientes y el futuro de los recursos contra leyes catalanas presentados por el Gobierno de Rajoy ante el Constitucional.
Batet explicó que en la reunión rechazó crear el grupo de trabajo propuesto por el Govern para estudiar el recurso al derecho de autodeterminación como vía para solucionar el conflicto catalán. La ministra precisó que el Gobierno no respalda crear un grupo de trabajo sobre las llamadas "vías democráticas" de resolución del conflicto, porque "no existe el derecho a la autodeterminación" en el marco constitucional, así que ahí "no hay lugar para la discusión". Para Batet, por ese camino "no hay mucho que investigar". Sin embargo, añadió, hay vías de participación para reformar el Estatut, que luego puede aprobarse en un referéndum amparado por la Constitución. Respecto a los políticos presos, la ministra reiteró "que todas aquellas cuestiones que están en vía judicial escapan de las competencias del Ejecutivo".
