La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes tendrá que ir hoy al juzgado a declarar por delitos de cohecho y de falsificación de documento público, en la investigación abierta sobre las irregularidades detectadas el máster en Derecho Autonómico que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos, después de que la jueza encargada rechazase su pretensión de que el caso pase al Tribunal Supremo. La abogada de Cifuentes pidió el traslado del juzgado al alto tribunal anticipándose a la probable imputación de Pablo Casado.
En coincidencia con el fiscal, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, rechazó la petición de la defensa de la expresidenta Cifuentes. Argumenta en un auto que no procede enviar la causa al Supremo ni siquiera plantearse una posible división de la misma entre aforados y no aforados porque todavía no hay ningún investigado que tenga esa condición. La jueza señala que solo ha remitido al Congreso un escrito para saber si Casado es o no aforado, sin realizar todavía ninguna exposición razonada ante el Supremo sobre el dirigente del PP. Lo hará en el futuro en función del resultado y del "estudio detallado" de las diligencias de investigación que se están practicando en la denominada "pieza C", la que afecta a Casado y a sus convalidaciones de estudios.
El que fuera director del máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, se acogió ayer a su derecho a no declarar en la causa penal a la espera de que se resuelvan los recursos que interpuso contra su imputación.
