Los grupos municipales barceloneses BComú, PSC, CUP y ERC apoyaron ayer la propuesta del gobierno de Ada Colau de obligar a los promotores inmobiliarios a reservar un 30% de los edificios de nueva construcción o de gran remodelación a viviendas sociales. El acuerdo no entrará en vigor hasta después del verano, según precisaron fuentes municipales. Así lo anunció la propia Colau, quien se felicitó por este "acuerdo histórico" que reconoce el derecho a la vivienda como "un bien de primera necesidad y un derecho fundamental".
