Marta Rovira, la secretaria general de ERC, huyó a Suiza para eludir comparecer ayer ante el juez Pablo Llarena. Rovira figura entre los trece procesados por rebeldía en la causa por el desafío soberanista y era una de las seis citadas por el magistrado a la vistilla para revisar su situación procesal. Llarena dictó auto de prisión para los cinco restantes, en lo que pudo influir la huida de la secretaria general de ERC, el único cargo orgánico de un partido que figura encausada por rebelión.
La víspera de su fuga, Rovira, que se encontraba en libertad bajo fianza de 60.00 euros tras comparecer ante Llarena en febrero, renunció a su acta de diputada tras el pleno de la investidura fallida de Jordi Turull. lo mismo hicieron Carme Forcadell y Dolors Bassa, a las que ayer el juez envió a la cárcel de Alcalá Meco por riesgo de reiteración delictiva. En una carta a los militantes de su partido, Rovira, a la que Oriol Junqueras designó como su sucesora al frente de ERC, justifica que toma "el camino del exilio" para encarar a un Gobierno "que persigue a todo el mundo que está a favor de votar y que castiga a cualquiera que intenta cambiar lo preestablecido". Rovira añade que la marcha le permitirá ejercer de madre de su hija Agnès.
La huida de la secretaria general de ERC agravó la situación de los otros cinco líderes independentistas que sí respondieron a la citación del juez, según coincidieron en afirmar ayer diversas voces en el ámbito político, desde el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo, al expresidente Felipe González y el líder de Ciudadanos Albert Rivera.
Con Rovira son siete los miembros de la cúpula soberanista huidos de España. El juez Llarena dictó orden de detención internacional contra ella y ha reactivado las de busca y captura de la Audiencia Nacional contra el expresidente Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que huyeron a Bélgica a finales de octubre del año pasado.
La única fugada contra la que no hay requerimiento de búsqueda es la antigua portavoz de la CUP, Anna Gabriel, quien se fue a Ginebra para evitar comparecer ante el magistrado del Supremo que instruye la causa del proceso soberanista. Llarena imputa a Gabriel, según el auto de procesamiento hecho público ayer, un delito de desobediencia por ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional.
La desobediencia está penada solsmente con multa de tres a doce meses y la inhabilitación para cargo público. La CUP llamó ayer a movilizaciones en respuesta a la decisión de Llarena de devolver a prisión a los cuatro exconsejeros del Govern y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
