La justicia concluye que el "procés" se financió con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico

El titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, considera "evidente" que el "procés" y, en concreto, la consulta ilegal del 1-O se financiaron en parte con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Una conclusión avalada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá: "Tiene lógica" porque el Govern "estaba bloqueado" y "sin capacidad de financiación".

El auto tiene fecha de 20 de enero y en él se detalla que Cataluña recibió del FLA más de 53.606 millones entre 2012 y 2017. El juez afirma sin rodeos que estas cantidades constituyeron una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat y que el año pasado, al objeto de celebrar el referéndum del 1-O, y ante la imposibilidad de poder atribuir un gasto concreto a una determinada partida, el Govern decidió imputarlos a las percepciones del FLA correspondientes a 2017.

Así, si dicho pago se realizó tanto directamente por la Generalitat como por personas o entidades interpuestas, se hizo "con la finalidad de desviar el rastro de las partidas" y dificultar la investigación. Insiste el juez en que "todo o parte" de los pagos se realizaron con cargo a la línea de financiación del FLA, cuya finalidad era otra.

De otro lado, el juez Pablo Llarena, que instruye la causa contra los rectores del "procés" en el Supremo, citó ayer para los días 14,19 y 20 de este mes a los seis políticos catalanes a los que imputó el pasado 22 de diciembre por su participación "especial y destacada" en el comité que planificó la estrategia para buscar la independencia.

El 14 de febrero declararán la exportavoz de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y la expresidenta del Grupo de esta formación Mireia Boya. El lunes día 19 será el turno de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y de la "número dos" de ERC, Marta Rovira. Al día siguiente serán interrogados el expresident Artur Mas y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras. Los seis están imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo policial del 1-O, compareció ante Llarena y, según fuentes presentes en la comparecencia, aseguró que el 1 de octubre "el cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana". Sin embargo, los Mossos d´Esquadra tenían como primer objetivo "facilitar" la celebración del referéndum, y para ello se concertaron con el Govern y los líderes civiles de la revuelta.