El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó ayer a declarar como imputado en el caso Púnica al expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y al empresario Javier López Madrid por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos dependientes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por Francisco Granados.
El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 les cita a ambos para el próximo 6 de febrero por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.
El magistrado toma esta decisión tras la declaración prestada el 17 de enero por el cerebro de la trama, el constructor David Marjaliza, quien dijo que tanto él como Granados y López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.
Se refirió entonces a unos trabajos adjudicados en 2004 en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.
Lote de adjudicaciones
De Egea explica en su auto que de las pesquisas desarrolladas se deduce que Granados, "abusando de su posición" al frente de esta consejería, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de "importantes comisiones". En dicho concierto participaría López Madrid, que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.
En su auto, el juez recuerda que ya se identificó a la constructora OHL como presunto donante del PP madrileño de acuerdo con las anotaciones recogidas en la agenda intervenida a Granados, hechos que integran la pieza que investiga la presunta financiación irregular de la formación popular en Madrid.
El mismo día de su declaración, Marjaliza aportó nuevas facturas a la causa que se investiga desde 2014 que constatan que López Madrid recibió del constructor la cuantía de dinero que le correspondía, a través de Vancouver Gestión S. L. Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía relaciones mercantiles que en realidad no existían entre dicha sociedad, vinculada a David Marjaliza, y la de Javier López Madrid (Financiera Siacapital).
Las intervenciones telefónicas permiten revelar que Jesús Trabada, exconsejero delegado de la empresa pública Mintra -ya extinta- constituyó la empresa Bustren que se capitalizó presuntamente con dinero de procedencia ilícita aportado por él mismo, por López Madrid y por Granados. Mintra fue la entidad desde donde se adjudicaron los contratos licitados para la construcción de determinadas líneas de metro, de acuerdo con el auto del juez.
