El juez del "caso Lezo" imputa a dos exconsejeros del Gobierno de Gallardón

Manuel García Castellón, el juez que instruye el "caso Lezo" en la Audiencia Nacional, imputó ayer a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, entre los que figuran Pedro Calvo y Juan Bravo (ahora presidente de Adif), consejeros del Gobierno del expresidente madrileño y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

De esta forma, el juez atiende la petición que le cursó la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido la imputación de una veintena de personas.

Entre ellas se encuentran también el que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, y de Pablo López de las Heras y José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de 70 millones de dólares para el Canal.

El auto del juez atiende todas las peticiones que hizo Anticorrupción la semana pasada, por lo que también solicita a la Comunidad de Madrid que aporte toda la documentación de que disponga sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001 que autorizó la compra de Inassa para que la entregue en un plazo no superior a diez días.

El magistrado quiere que se aporte una "identificación completa de todos los miembros del gobierno" de la Comunidad en ese año, que presidía Gallardón, así como el acta de la reunión en que adoptaron dicho acuerdo sobre Inassa.