Rajoy prepara la intervención en Cataluña y pacta con el PSOE la reforma constitucional

El Gobierno se prepara para la intervención en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Cuenta para ello con el apoyo de los socialistas, tras pactar con su líder, Pedro Sánchez, abrir la reforma de la Constitución en el plazo de seis meses, una vez que concluya sus trabajos la comisión parlamentaria encargada de perfilar los cambios en la Carta Magna.

Como paso previo a activar la potestad del Ejecutivo para hacerse cargo de la administración catalana, el Consejo de Ministros acordó ayer requerir el presidente Carles Puigdemont para que, como plazo límite el lunes a las diez de la mañana, "confirme si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia o si su declaración del 10 de octubre implica la declaración de independencia, al margen de que ésta se encuentre o no en vigor". "Es una pregunta que tiene una respuesta fácil y yo creo que obligada", sostuvo Rajoy por la tarde en el Congreso. Durante su discurso, el presidente del Gobierno instó a Puigdemont a volver a la legalidad y revocar el "chantaje perpetuo" al Estado.

Si la respuesta de jefe del Ejecutivo catalán fuera afirmativa, el Gobierno le exige al presidente, según anticipa la misma notificación remitida ayer por burofax a la Generalitat, que ordene la revocación de dicha decisión, paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Para ello, le dará un plazo de tres días más, hasta el jueves de la semana próxima, también con límite en las diez de la mañana. A partir de ahí se activará la competencia constitucional del Gobierno para "adoptar las medidas necesarias para obligar (a la comunidad autónoma) al cumplimiento forzoso" de las "obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan", según establece el artículo 155. El apartado de la Carta Magna, al que ningún Gobierno recurrió hasta ahora, no concreta el alcance de la intervención ni las medidas, aspectos que deja abiertos a la voluntad del Gobierno y que deberá detallar cuando aplique la intervención. Como paso previo, el Ejecutivo tiene que comunicar al Senado la activación del artículo 155, que necesita el respaldo de la Cámara Alta.

Aunque el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, el Gobierno considera que la excepcionalidad de la medida requiere de más apoyos parlamentarios que los de su propio grupo. Con esta premisa vienen sondeando desde semanas atrás al PSOE, que pasó de un rechazo frontal al comienzo a ablandar su posición. Las últimas reticencias de los socialistas quedaron despejadas en la noche del martes, horas después de la intervención de Puigdemont en el Parlament, en el encuentro que el presidente Rajoy y Pedro Sánchez, celebraron en la Moncloa. El secretario general del PSOE salió con el compromiso del Gobierno de abrir un proceso de reforma de la Constitución, uno de las principales ejes políticos de los socialistas, para dar continuidad a los trabajos de la comisión parlamentaria que comenzará a trabajar en esos cambio en los próximos días.

El procedimiento para aplicación del artículo 155 y los plazos legales que deben guardarse tanto en los requerimientos como en la convocatoria del Senado hacen previsible que el Gobierno no esté en condiciones de intervenir en Cataluña antes de finales de mes.

Mientras tanto, en el bloque soberanista se cruzan plazos para acotar la suspensión de la declaración de la independencia anunciada el martes por Puigdemont sin concretar su límite temporal. La CUP es la que, tras dejar en evidencia su decepción por la falta de una proclamación formal de la república catalana, muestra mayor urgencia en resolver la suspensión. El Consejo Político de la formación radical deberá decidir si acepta la propuesta de que sus diputados se retiren del Parlament mientras se mantengan la suspensión anunciada por el presidente de la Generalitat. Esta decisión podría precipitar el final de la legislatura catalana al dejar al Govern en minoría en la Cámara y expuesto a una moción de censura por parte de la oposición. ERC, socio de gobierno del PDeCAT, propone acotar a un mes el plazo para encontrar una mediación entre la Generalitat y el Estado antes de reactivar la declaración de independencia.