La renuncia del fiscal Anticorrupción Manuel Moix, al conocerse que era propietario del 25 por ciento de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, debilita la posición del titular de Justicia, Rafael Catalá, el primer ministro de la democracia reprobado por el Congreso de los Diputados.
Catalá se desmarcó ayer por partida doble de Moix al matizar que su designación no fue obra del Ejecutivo, que solo validó su nombramiento al igual que hizo ayer con su dimisión, y que considera poco ético que quienes se dedican al servicio público tengan vínculos con paraísos fiscales puesto que ello delata su intención de "pagar menos impuestos".
El Gobierno arropó ayer a Catalá con un "rotundo y unánime" respaldo, según el portavoz, Méndez de Vigo, para contrarrestar las informaciones que apuntan a su precaria situación en el gabinete de Rajoy. El ministro de Justicia asegura que percibió la "amistad y la cordialidad" del presidente durante la reunión ayer del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo "no elige a los fiscales ni los cesa", afirma Catalá, crítico con quienes "hablan mucho de autonomía del Ministerio Fiscal" y, sin embargo, piden que desde otras instancias se destituya a sus representantes. "Algunos están empeñados en decir que el Gobierno interfiere en la acción de la Fiscalía, pero eso es radicalmente falso", insiste el ministro, cuyo objetivo es ahora cerrar la crisis abierta desde la llegada de Moix, con sus intentos de interferir en investigaciones de la corrupción que afectan al PP, como la que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González.
La pretensión del Ejecutivo es que este episodio se cierre lo antes posible con la designación del sustituto de Moix, aunque resulta improbable que ese proceso se complete antes de un mes, según fuentes citadas por Efe. A la publicación de la renuncia de Moix en el BOE seguirá la apertura, por parte del fiscal general del Estado, de la convocatoria para la presentación de candidaturas, algo que en los quince días siguientes podrán hacer todos los interesados.
Maza consultará con el Consejo Fiscal la idoneidad de los aspirantes y después hará su propuesta de nombramiento al Gobierno. El fiscal general tendrá la última palabra para decidir si opta por alguno de los candidatos avalados por el Consejo Fiscal o se inclina por alguien ajeno a Anticorrupción, como hizo en el caso de Moix.
Esta designación desató las críticas tanto de los propios fiscales como de los grupos de la oposición, que consideran que el Gobierno busca, con esa elección y con el nombramiento de jueces afines para puestos clave de la Audiencia Nacional, blindarse ante los procesos por corrupción que afectan al PP.
El portavoz interino del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, sostiene que la dimisión de Moix "no resuelve el problema" de la Fiscalía porque "las responsabilidades políticas siguen ahí". Para Ábalos, "el responsable de toda esta cadena es Rajoy", a quien reprocha que quiera "imponer su visión de que todo lo que pueda afectar a la ejemplaridad son chismorreos".
