El actual subsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, participó en la reunión en la que se pactaron, con representantes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), compensaciones indebidas de 40 millones destapadas en la operación Frontino, según fuentes de la investigación.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco desveló este miércoles los pagos irregulares en un auto en el que aseguraba que la empresa adjudicataria, implicada en la trama que tenía como epicentro la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), pactó con "altos cargos" del Ministerio esta retribución ilegal.
Varios denunciantes anónimos, trabajadores del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, apuntaron en distintas declaraciones judiciales sus sospechas sobre el papel que Ramos desempeñó en aquella negociación ahora investigada. En aquel momento presidía el Consejo de Administración de Acuamed.
En el auto en el que envía a prisión a cinco personas, entre ellas el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el juez Velasco precisa que la compensación irregular quedó reflejada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015.
Y también se consignó una cantidad total de 26 millones en los presupuestos de 2016. Las fuentes consultadas aseguran que el monto de las últimas cuentas fue inferior debido a la reducción de la partida del departamento.
La compensación se pactó dentro de un contrato concedido a la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.
Según el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40% de su valor y que FCC pagara el 60% (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran "responsabilidad de la Administración".
La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto "mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio" de Agricultura, del que depende la empresa pública.
Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones, inflándolo con partidas "irreales".
Según Velasco, se previó cubrir esa "compensación indebida" pactada "entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio", entre ellos Ramos, en los Presupuestos de 2015.
El auto del juez también establece que los exdirectivos de Acuamed, entre ellos Arcadio Mateo, fueron agasajados con regalos en especie, como implantes de pelo o viajes a Turquía, como contraprestación a las adjudicaciones de infraestructuras y las "irregularidades" cometidas por sus trabajadores.
