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El caso de las comisiones ilegales

Una investigación a CDC por corrupción sacude la precampaña de las catalanas

El juez ordena registrar las sedes de la formación política y de su fundación para buscar pruebas del posible pago de "mordidas" de la constructora Teyco

Una investigación a CDC por corrupción sacude la precampaña de las catalanas

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil practicaron ayer registros en un despacho de la sede de Convergència (CDC) y en la de su fundación, Catdem, ambas en Barcelona, así como en cuatro ayuntamientos gobernados por el partido de Artur Mas, en el marco de una investigación sobre el pago de comisiones ilegales de la constructora Teyco a la formación política que ha sacudido la precampaña de las elecciones del 27-S.

Los agentes registraron durante casi ocho horas la sede de Catdem, a la que el juez sospecha que Teyco pagó comisiones del 3% del importe de obras públicas municipales, la mayoría de ellas financiadas con fondos del Estado procedentes del "plan Zapatero" entre 2009 y 2010 (Plan E). Los registros fueron ordenados por el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que investiga presuntos pagos de comisiones de Teyco, empresa de la familia Sumarroca, históricamente vinculada al clan Pujol en lo empresarial, lo político y lo personal.

Al registro de la sede de Catdem, en el que la Guardia Civil se incautó de varias cajas con documentación y ordenadores, se sumó también la del domicilio en Barcelona de Daniel Osàcar, tesorero de CDC hasta diciembre de 2010 y exadministrador de la fundación Catdem.

En busca de documentación que no localizaron en la sede de Catdem -fundación que también se sospecha que enmascaró el pago de comisiones de Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música-, el juez ordenó también el registro del despacho del administrador de la fundación y del partido, Andreu Viloca, situado en la sede central de la formación en la capital catalana.

Además, acompañados de Osàcar, los agentes examinaron los correos electrónicos del extesorero, que desde un ordenador situado en la sede de CDC les facilitó el acceso a su cuenta.

También a instancias del juez, la Guardia Civil se personó en los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès y Sant Celoni (Barcelona) y de Figueres y Lloret de Mar (Gerona) para requerir los expedientes de las adjudicaciones sospechosas, que ascienden a varios millones de euros. En 2009-2010, el actual consejero de Territorio de la Generalitat Santi Vila era alcalde de Figueres y su predecesor en el cargo, Lluís Recoder, de Sant Cugat del Vallès.

En un comunicado a los medios, Teyco negó "tajantemente" que sus donaciones a Catdem o a fundaciones vinculadas a otros partidos políticos "hayan tenido un fin ilícito relacionado con el tráfico de influencias".

La operación policial, a un mes de las elecciones del 27-S, irritó a CDC, cuyo coordinador general, Josep Rull, denunció que los registros suponen un "espectáculo mediático" y acusó a la Fiscalía de "entrar en campaña antes de hora" para "interferir" en el proceso soberanista.

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, instó a la formación a no buscar "culpables fuera de sus filas" y a preocuparse más por "lo que pasa dentro de ellas".

Desde Junts pel sí, el cabeza de lista, Raül Romeva, pidió "transparencia" para aclarar los hechos, teniendo en cuenta que es una investigación que "viene de lejos".

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